Una investigación internacional revela que Israel creó hace más de una década una unidad secreta para frenar juicios por crímenes de guerra contra sus funcionarios.
El estudio, liderado por el medio francés Mediapart en colaboración con ocho organizaciones europeas, se basa en la filtración de más de dos millones de correos internos intercambiados entre 2009 y 2023, cuyos resultados se hicieron públicos el lunes.
Los documentos muestran que la unidad, establecida en 2010 y dependiente del ministerio de asuntos judiciales israelí, tiene como misión ejecutar lo que los funcionarios describían internamente como “guerra legal” para obstruir casos penales y civiles en Europa y tribunales internacionales.
Según la investigación, el departamento utiliza una combinación de tácticas legales, gestión diplomática y presión política para interferir en los procesos de manera clandestina. La correspondencia interna detalla esfuerzos por influir en jueces, presionar a gobiernos extranjeros y sabotear causas judiciales amparadas en leyes de jurisdicción universal, que permiten enjuiciar crímenes graves sin importar dónde se cometieron.
Evitar la detención de funcionarios israelíes en el extranjero surgió como un objetivo central, y se aconsejaba a altos cargos políticos y militares no viajar a ciertos países europeos por riesgo de arresto.
Los correos filtrados citados por los medios revelan que la unidad se atribuía el mérito del colapso de decenas de casos criminales y civiles contra el régimen y sus funcionarios en Europa y otras regiones.
Los documentos filtrados también revelan intervenciones en demandas legales relacionadas con empresas que suministran al ejército israelí o participan en los proyectos de asentamientos ilegales del régimen. Acciones legales relevantes en España, Países Bajos y Francia fueron objeto de maniobras coordinadas.
En España, según la investigación, intensas gestiones de lobby contribuyeron al cierre de un caso contra un exministro de guerra y altos oficiales militares del régimen sionista, implicados en un ataque que dejó 14 civiles muertos, incluidos niños, en Gaza.
En los Países Bajos se descubrió que el régimen de Tel Aviv financió de manera secreta un litigio contra una empresa neerlandesa que proveía perros de ataque al ejército israelí, ocultando su participación al equipo legal de la víctima palestina.
La investigación igualmente reportó que la unidad dedicó recursos significativos para limitar las acciones de la Corte Penal Internacional (CPI). Correos internos citados por los medios indican que los funcionarios consideraban haber logrado retrasar casi una década la investigación de crímenes de guerra en los territorios palestinos.
Según los documentos, la estrategia incluía lobby discreto en La Haya, sede de la CPI, y la creación de contactos informales dentro del tribunal, con el objetivo de centrar los procedimientos en debates jurisdiccionales y evitar avanzar hacia una investigación formal.
Los jueces de la Corte Penal Internacional emitieron en noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de asuntos militares Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra palestinos en la Franja de Gaza, quienes comenzaron a ser objeto de una guerra de genocidio por parte del régimen en octubre de 2023.
Estados Unidos, principal aliado de Israel, ya ha sancionado a nueve miembros del personal de la CPI, incluidos seis jueces y el fiscal jefe Karim Jan, por investigar casos que involucran a funcionarios estadounidenses e israelíes. Washington ahora evalúa ampliar las sanciones a la CPI en su totalidad.
HispanTV