En las primeras horas del 20 de junio, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción sobre el territorio boliviano, para terminar con los bloqueos que desde hace 51 días mantienen inmovilizado el aparato productivo, el transporte de alimentos, de personas y de combustibles.
Posteriormente, las fuerzas policiales y militares avanzaron en las carreteras del país sudamericano, con la mayoría de los puntos de bloqueo abandonados por los manifestantes.
El operativo se desarrollaba con relativa tranquilidad, con incidentes mínimos. En el Gobierno, esperan normalizar el tránsito en toda Bolivia a más tardar en 48 horas.A comienzos de junio, la Asamblea Legislativa Plurinacional allanó el camino a Paz para declarar el estado de excepción.
Sin embargo, en las últimas semanas privilegió desarrollar el diálogo con los sectores movilizados, sin convocar a las fuerzas policiales y militares para desbaratar los puntos de bloqueo, avalados para usar incluso armamento letal.
La noche del 19 de junio, el mandatario firmó la paz con la Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales organizaciones movilizadas junto a la Federación Campesina Tupak Katari y los campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes desde hacía más de un mes exigían la renuncia del Gobierno, asumido en noviembre de 2025.
Un decreto focalizado en bloqueos
Ante la renuencia de los campesinos movilizados, que rechazaron el acuerdo con la COB y se reafirmaron en sus puntos de bloqueo, Paz firmó el decreto 5636, que por 90 días establece el estado de excepción en todo el territorio boliviano.
Pero varias autoridades resaltaron que la medida es fundamentalmente para desbloquear las carreteras. La intención es que en las ciudades no se sientan los efectos negativos ni restrictivos de lo decretado.
"Esto no es (...) para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad", dijo Paz durante la firma del documento.
"Durante 50 días, no dejamos de dialogar un solo día, horas tras horas escuchando aquellas demandas no solucionadas del pasado", dijo en referencia a los gobiernos del expresidente Morales, a quien desde la Casa Grande del Pueblo señalaron como responsable de las movilizaciones.
Para Paz, se trató de "una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un Gobierno constituido". Y aseguró que estuvo en marcha "un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo contra un Gobierno democráticamente elegido".
En el Gobierno dejaron en claro que se permiten las reuniones, las actividades sociales y culturales, sin que haya un toque de queda.La Administración boliviana puntualizó que, si en los próximos días fuera necesario, desde el Ejecutivo se dictarán resoluciones para poner restricciones en algunos municipios.Pero no es la intención.
De acuerdo con las autoridades, el decreto solo estará vigente por tres meses, o por menos tiempo si se logra pacificar la nación sudamericana satisfactoriamente.
Los campesinos de la Tupak Katari abandonaron los puntos de bloqueo. Pero en el Trópico de Cochabamba (centro), donde el apoyo a Morales es mayoritario, sostuvieron que mantendrán las medidas de presión.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, manifestó que, si hay problemas con esta parte del país, intervendrán las fuerzas policiales y militares.¿Cómo se observa esta acción?En diálogo con Sputnik, el analista Álvaro del Pozo consideró que "la medida tomada por el Gobierno es acertada y necesaria. Para ponerlo en ese contexto, habrá que recordar que el Gobierno ha tendido puentes desde el inicio con vistas al diálogo, incluso con una alta factura política".
Sectores empresariales, sociales y políticos reclamaban a Paz que declarara el estado de excepción desde hacía semanas. "Existe una parte de la población que exigía esta medida mucho antes. Sin embargo, ha primado en el primer mandatario la vocación de diálogo".
"Ha tenido su efecto positivo con la COB, aunque hay sectores que todavía rechazan a este diálogo", precisó el experto.Para Del Pozo, en este contexto, "ha sido necesario pasar por 50 días de agonía de la economía, de agonía del país. Esperemos que esta medida de excepción pueda reparar y, sobre todo, se pueda reponer la circulación de la economía de nuestro país".Aunque policías y militares avanzaron en el desbloqueo de carreteras sin encontrar resistencia, es posible que, en algunos puntos, puedan existir enfrentamientos.
"Seguramente, con militares, policías y la legitimidad y la legalidad que acompaña esta medida, habrá algunos bloqueos que se tornen violentos". Puso como ejemplo algunos sectores de Cochabamba, del trópico y de Santa Cruz, localidades ubicadas en el centro del país sudamericano.Las opiniones en contraTata Emilio Cisneros es jatún cacique (autoridad indígena) de la nación Chichas, que abarca los municipios de Vitichi, Cotagaita, Atocha, Tupiza y Villazón, en el departamento de Potosí (suroeste). Apoyó los bloqueos semanas atrás, hasta que el equilibrio de fuerzas en la región no le fue favorable.
"Nos vemos indignados con el actuar del presidente, porque sabemos perfectamente que en su campaña las propuestas eran bien. Por eso la gente del área rural le ha dado su apoyo", dijo a Sputnik.Para Cisneros, gran parte del electorado confió "en su compromiso de que iba a trabajar con la clase pobre. Pero cuando ha llegado a la Presidencia ya no ha sido lo mismo, sino que ha actuado al margen de la Constitución".
"Para mí no existe el Estado Plurinacional, porque ya no hay una inclusión, ya no hay respeto ni apoyo. El Gobierno de Rodrigo Paz está trabajando con la élite de Santa Cruz (centro), con la gente que tiene dinero y los grandes terratenientes para que no paguen impuestos".No obstante, el líder de la nación Chichas se mostró a favor de establecer un diálogo con el Gobierno para revisar la situación de los productores campesinos. Pero "nunca nos han convocado. Nosotros estamos predispuestos".
SPUTNIK