Durante una conferencia de prensa internacional, diversos pueblos originarios manifestaron desalojos, persecuciones y asesinatos.
La organización Pluriversidad Indígena PuelMapu convocó a una conferencia internacional el viernes 4 de septiembre para denunciar ante la prensa el incumplimiento de los derechos humanos y ambientales. Según denuncia el colectivo, dicho incumplimiento se produce tanto desde las esferas de la política como desde el poder Judicial, quienes obedeciendo las órdenes de grandes empresas extractivistas provenientes del extranjero, con su complicidad facilitan y producen el desalojo de comunidades enteras.
Al mismo tiempo, los desalojos son producidos mediante la coerción y la represión, criminalizando y asesinando a quienes se opongan a abandonar sus hogares. La preocupación no se reduce únicamente al extractivismo: con la llegada a Argentina de tecno-feudales como Peter Thiel (CEO de Palantir), no sólo la utilización de software de datos y de inteligencia artificial como armas de guerra son un riesgo inminente, sino que la utilización de cantidades masivas de agua para el funcionamiento de sus data centers podría conducir al territorio nacional a una crisis hídrica aún mayor que la actual. [1]
Florencia Solis, perteneciente a la comunidad kolla de Jujuy, afirmó que tras haber solicitado un petitorio de información pública sobre las actividades mineras, recibieron respuestas fragmentadas. ‘’No respetan los derechos de la Pachamama. No queremos que nuestros hijos terminen en las ciudades robando o drogándose, queremos que tomen agua pura y vivan en un ambiente sano’’, sostuvo. Las denuncias de la organización de pueblos originarios coinciden con un informe realizado por el Observatorio de Tierras: en Argentina se están registrando más de 50 conflictos territoriales esparcidos en 8 provincias que involucran a comunidades indígenas, familias campesinas y criollas, todos vinculados al avance del extractivismo energético, actividades agropecuarias e inmobiliarias y desmontes.
[2] Por su parte, Stella Maris (también kolla) desde la provincia de Salta denunció que ‘’el litio está contaminando e impidiendo la vida de nuestras comunidades. Hay 1,8 millones de hectáreas de nuestra provincia que están en manos extranjeros, y están drenando toda nuestra agua’’. Resaltó la presencia en el noroeste de empresas inglesas, francesas, chinas, y de Corea del Sur. Junto a esto, denunció que las comunidades están sufriendo un bloqueo en sus actividades de subsistencia para que finalmente abandonen sus tierras.
Los testimonios de las provincias del norte se asemejan a los de la Patagonia. Según relatan dos integrantes del Lof Kinxikew (mapuches), el lago Nahuel Huapi está siendo privatizado. A través de la complicidad judicial en el desalojo de la comunidad al sur de Neuquén, actualmente hay un propietario de 6 mil hectáreas, lo cual abarcaría casi el 11% del lago entero.
‘’No es solo por la tierra, es una zona peri glaciar, por eso sabemos por qué vienen: vienen por el agua (...). Es difícil vivir con esta amenaza, por eso exigimos que se cumplan nuestros derechos. Tenemos la convicción de preservar el territorio y sus recursos naturales hasta las últimas consecuencias’’, manifestaron.
Por último, Mauro Millan (proveniente de la comunidad mapuche-tehuelche Pillañ Mahuiza) aseguró la tiranización de los Estados latinoamericanos, siendo Argentina la antesala con la elección del gobierno de Javier Milei. Ante esto, sostuvo que ‘’las consecuencias son muy graves. En Argentina las garantías están siendo vaciadas’’.
Sin embargo, también trajo a colación determinadas medidas tomadas bajo el mandato de Alberto Fernández, quien según Mauro, allanaron el camino para la represión y desterritorialización que se está padeciendo a nivel federal. Algunas de ellas fueron la creación del Comando Unificado, una normativa que unifica al personal del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Esta unificación facilita trabajos conjuntos en materia de inteligencia, criminalización y represión. Otra de las medidas que condujeron al riesgo en materia de soberanía fue la firma de acuerdos hídricos con la empresa ‘’israelí’’ Mekorot, la cual enfrenta denuncias a nivel global por la utilización de la privación del agua como herramienta para el apartheid y el genocidio del pueblo palestino.
Los acuerdos con la empresa fueron firmados en 2022 bajo órdenes del Ministro del Interior de aquel entonces, Wado de Pedro.
Actualmente, Mekorot opera en 12 provincias. Al respecto, Mauro afirmó que ‘’lo que antes eran teorías conspirativas hoy se está materializando: vemos una avanzada en las instituciones y en las reformas para facilitar la avanzada del sionismo. Tenemos la presencia de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y de Israel - quienes fomentan la guerra en Medio Oriente -, facilitada por el gobierno de Javier Milei’’.
Por Pilar Cortés para Data Urgente
[1] https://www.resumenlatinoamericano.org [2] https://www.observatoriodetierras.ar