El terremoto que sacudió a Panamá el viernes último y cuyo epicentro se localizó en las zonas centrales de Mariato, Tonosí y Pedasí deja hoy viviendas destruidas, carreteras dañadas y familias sin refugio.
De acuerdo con reportes de medios informativos locales, en esos territorios emergen como necesidades prioritarias el acceso al agua potable, los alimentos y la asistencia habitacional.
Testimonios de los alcaldes de esos tres distritos, recogidos por el diario La Prensa, precisan que el movimiento telúrico de magnitud 7,5 afectó infraestructuras, servicios básicos y actividades productivas, en tanto las autoridades locales intentan determinar el alcance de los daños y esperan el apoyo del Gobierno central.
En el sur de Veraguas, algunas familias abandonaron sus hogares y buscaron refugio en zonas elevadas, mientras en Tonosí los derrumbes afectaron viviendas, comercios y vehículos. En Pedasí, residentes pasaron la noche en parques, centros deportivos y otros espacios abiertos ante el temor a nuevas réplicas.
Las primeras horas de la emergencia estuvieron marcadas por dificultades para desplazarse, interrupciones de servicios esenciales y problemas de comunicación con comunidades apartadas, circunstancias que obstaculizan las evaluaciones y la distribución de ayuda.
El alcalde de Mariato, Ángel Batista, describió una situación compleja, con tramos carreteros colapsados, puentes desnivelados y derrumbes en zonas montañosas, además de afectaciones a viviendas, comercios y establecimientos vinculados al turismo.
Estimaciones preliminares del funcionario indican que alrededor de mil 500 personas resultaron afectadas, principalmente en las comunidades de Llano Catival, Quebro, Arenas y El Cacao, aunque todavía faltaba inspeccionar otras localidades.
Entre las principales demandas mencionó carpas, colchonetas, estufas, gas, ropa, medicamentos y materiales de construcción, pues numerosas familias perdieron sus viviendas y pertenencias.
En Tonosí, provincia de Los Santos, el alcalde Aníbal Domínguez estimó inicialmente que unas 100 viviendas estaban destruidas o presentaban daños severos, aunque advirtió que la cifra podría aumentar cuando concluyeran las inspecciones.
A los daños en las viviendas y las infraestructuras se suma la preocupación por la actividad agrícola, uno de los pilares económicos de la zona.
El funcionario destacó que las necesidades inmediatas incluyen agua, alimentos, pañales y leche para los bebés, además de recursos para reparar viviendas y restablecer las vías de comunicación.
En Pedasí, también en la provincia de Los Santos, el alcalde Miguel Batista opinó que el temor a las réplicas llevó a numerosos residentes a pasar la noche en parques y centros deportivos.
“La gente tiene miedo de entrar a sus residencias, no se atreve”, señaló el alcalde, quien solicitó carpas y toldas para habilitar refugios temporales y pidió coordinar las labores de asistencia y recuperación.
La interrupción de actividades comerciales agravó las dificultades de los residentes para adquirir alimentos y productos de primera necesidad.
En los tres distritos, las autoridades locales coinciden en que el balance de daños continúa siendo preliminar. Las dificultades de acceso y comunicación impiden conocer con precisión cuántas viviendas quedaron inhabitables, cuántas personas necesitan asistencia y qué infraestructuras requieren reparaciones urgentes.
Mientras avanzan las evaluaciones, las prioridades se concentran en garantizar agua potable, alimentos, refugio y atención a las familias damnificadas, así como restablecer los servicios básicos y rehabilitar las carreteras afectadas.
La víspera, el presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que durante el Consejo de Gabinete extraordinario que decretó el Estado de Emergencia, se aprobaron recursos para asistir a las personas afectadas por el movimiento telúrico, con prioridad en la atención sanitaria y la recuperación de las vías de comunicación.
También anunció la activación de un plan de evaluación estructural y de asistencia a los damnificados, en su mayoría residentes en el interior del país, mientras continúan las inspecciones para determinar la magnitud de los daños y las necesidades de la población.
Prensa Latina