Detrás de la paralización del proyecto Carem hay importantes intereses geopolíticos, entrega de soberanía tecnológica y una alarmante fuga de cerebros que tiene correlato en otros ámbitos de la ciencia argentina.
El Carem 25 (Central Argentina de Elementos Modulares), el prototipo del primer reactor nuclear pequeño diseñado y construido íntegramente en Argentina, se pudre a la intemperie. Varios metros de agua se acumulan en el cilindro de acero que debía alojar el núcleo del reactor. Los subsuelos se inundan porque no hay presupuesto para bombas de achique.
El pastizal avanza sobre el predio de Lima, provincia de Buenos Aires, desde que se cortó el pago a las empresas contratistas. La turbina, la pieza más costosa de todo el proyecto, está cubierta apenas por una lona y también se moja.
En los galpones del predio esperan, sin apenas nadie que los cuide, componentes de alta tecnología ya comprados y pagados por el Estado argentino.
Cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, la obra civil del Carem estaba completada en un 80 por ciento y el proyecto en su conjunto rondaba el 65 por ciento de avance. Se preveía su puesta en marcha para 2028. Actualmente está paralizado, y cada mes de abandono agrava el deterioro de una inversión estatal de 690 millones de dólares.
Con una potencia de 25 MW, el Pequeño Reactor Modular (SMR) desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), sería capaz de generar energía eléctrica para pequeñas ciudades o regiones, pero también tiene entre sus funciones desalinizar agua de mar.
Se trata de una nueva tecnología fundamental para la transición energética y para neutralizar el cambio climático.
Detrás de la paralización de uno de los proyectos más ambiciosos de las últimas décadas hay importantes intereses geopolíticos, entrega de soberanía tecnológica y una alarmante fuga de cerebros que tiene correlato en otros ámbitos de la ciencia argentina.
Intereses geopolíticos
Con la paralización del Carem, Argentina “renuncia a una carrera tecnológica donde se ubicaba por delante de varios competidores internacionales y en la que actualmente participan más de un centenar de proyectos, en recursos clave de este contexto geopolítico”, denunció en diálogo con Página 12 la física y diputada Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (2021-2024).
La decisión del Ejecutivo Nacional responde a órdenes emanadas directamente desde Washington. Según el medio Infobae, la Embajada de Estados Unidos comunicó en septiembre de 2025 que el Gobierno de Argentina se sumó como socio contribuyente al FIRST. Se trata de un programa de «uso responsable de la tecnología de reactores modulares pequeños (…) como el Carem, paralizado», señaló el físico argentino e investigador principal del CONICET, Diego Hurtado, durante una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado el pasado 6 de junio.
De esta manera, Argentina fue el primer país de América Latina en alinearse a esta iniciativa. Este «es un pequeño eslabón, o una pieza, de cuatro órdenes ejecutivas de Donald Trump», afirma Hurtado. Una de ellas tiene como objetivo revitalizar la industria nuclear de los Estados Unidos, otra es desplegar tecnologías avanzadas.
En definitiva, «EE.UU. está relanzando su industria nuclear. Entre las tecnologías que EE.UU. quiere imponer como punta de lanza, porque no puede competir con los grandes reactores de potencia (con China y con Rusia), va por los pequeños reactores modulares.
Entonces el primer paso es eliminar los competidores. Uno de los competidores es Argentina, con el reactor Carem, entonces hay que sacarlo de pista«, concluye el investigador argentino.
Un negocio para otros
Mientras el reactor se arruina, el Gobierno de Milei promociona una inversión privada bajo el régimen de incentivos del RIGI, a cargo de Meitner Energy, una empresa de capitales iraníes radicada en Estados Unidos y vinculada a donantes de la campaña de Donald Trump.
Buena parte de los cuadros técnicos que hoy trabajan para esa firma en Bariloche y en Buenos Aires son los mismos jefes de área que renunciaron a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por el grave ajuste salarial, llevándose consigo a sus equipos completos. Trabajadores consultados describen que ingenieros con más de una década de experiencia, y sueldos muy bajos para su calificación, pasaron a ganar entre cinco y diez veces más en la empresa privada.
A eso se suma una orden interna, aprobada por la Presidencia de la CNEA, que habilita visitas de cualquier interesado —persona física o jurídica, nacional o extranjera— vinculado a la eventual presentación de una Iniciativa Privada. La norma permite el acceso a información, documentación y relevamientos sobre prácticamente cualquier activo bajo órbita de la CNEA, incluidas áreas históricamente reservadas por su sensibilidad estratégica.
«Es como que abren una feria para que vengan a ver qué les gusta y llevárselo de oferta», resume Carolina Ayala, investigadora del Centro Atómico Bariloche, donde trabaja con material radiactivo. En su laboratorio eran diecisiete profesionales; hoy quedan cuatro.
Otra investigadora, que pidió reserva de identidad, relató una visita de representantes de Meitner a instalaciones vinculadas al control del ciclo de combustible nuclear en el Centro Atómico Ezeiza, un sector de alta confidencialidad. Según su testimonio, la misma semana en que se produjo esa recorrida, la subgerenta del área de Diseño Nuclear y Mecánico dejó la CNEA para sumarse a esa empresa.
Deterioro de infraestructura y vaciamiento del conocimiento
Rodolfo Kempf, del Centro Atómico Constituyentes, donde se desarrolló el combustible del reactor, describe el estado actual de las instalaciones: el edificio que aloja al núcleo llegó a acumular más de veinte metros cúbicos de agua, mientras el que contiene la turbina sumó siete metros. Para Kempf, lo más grave no es solo la obra civil sino la pérdida de la ingeniería, el modelado computacional, las licencias obtenidas y, sobre todo, el capital humano formado durante años, un activo más difícil de reponer que la propia inversión edilicia.
Ese riesgo se agravó en diciembre pasado, cuando la CNEA sufrió un hackeo masivo sin precedentes que dejó fuera de línea todos sus sistemas durante dos meses y expuso información confidencial del Carem y de otros proyectos.
De los 61 despidos más recientes en el organismo, 35 correspondían a trabajadores del Carem, buena parte de ellos abocados a tareas de conservación. En paralelo, la Gendarmería —que antes custodiaba las sedes de la CNEA como objetivos estratégicos de soberanía nacional— hoy también controla y vigila a los propios trabajadores del organismo.
Un plan que excede al Carem
El vaciamiento no se limita a este reactor. Con matices, la misma lógica alcanza al reactor multipropósito RA10, dedicado a la producción de radioisótopos, y al Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, la planta de enriquecimiento de uranio ubicada a 60 kilómetros de San Carlos de Bariloche.
Esa combinación de proyectos es la que ubica a Argentina entre los ocho países del mundo capaces de completar todo el ciclo del uranio, desde la extracción hasta el enriquecimiento, un estatus hoy en riesgo.
Para los propios trabajadores de la CNEA, no hay margen para la ambigüedad sobre lo que está en juego: la desarticulación planificada de un desarrollo científico y tecnológico soberano, construido durante más de cuatro décadas, y su traspaso silencioso hacia intereses privados extranjeros.