05 Aug
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El Gobierno de Javier Milei impulsa una ley para ampliar los límites de la propiedad extranjera sobre tierras argentinas. El proyecto llega al Senado en medio de fuertes críticas por sus posibles efectos en la soberanía. Lo que hay que saber.

La reforma a la Ley de Tierras en Argentina que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei implica mucho, mucho, más de lo que sugiere su nombre: permitiría que grandes territorios del país quedaran en manos de extranjeros. La propuesta abrió un debate sobre soberanía e inversiones, y llevó a que se convocarán protestas en la antesala de su votación en el Senado este jueves.

La intención inicial del Ejecutivo era eliminar por completo el límite vigente y permitir que la venta de tierras a extranjeros sea sin restricciones. Sin embargo, la falta de apoyos en el Senado en los últimos meses obligó al gobierno a recalcular. Tras sucesivos borradores, una de las versiones más recientes ya no plantea eliminar el tope, sino elevarlo del 15% actual al 25%.

Pero la discusión no se limita al Legislativo. Mientras el Senado se prepara para votar la iniciativa este jueves, organizaciones sociales, sindicales y políticas convocan a una movilización masiva en rechazo al proyecto. La iniciativa de Milei ha logrado unir a sectores de izquierda y de centro, además de instalarse con fuerza en el debate público y las redes sociales.

Estas son las seis claves en torno a la Ley de Tierras.

Foto de archivo - Senadores de Argentina debaten una ley en el Congreso Nacional.+

1- ¿Cuáles serán los pasos del proyecto de ley?

El Senado afrontará este jueves la primera votación decisiva del proyecto. Si el partido gobernante consigue los votos necesarios, la iniciativa obtendrá media sanción y pasará a la Cámara de Diputados, donde deberá ser debatida y aprobada nuevamente.El camino hasta aquí no ha sido sencillo. Esta es la quinta vez que el Gobierno de Milei intenta llevar el proyecto al recinto. 

En tres ocasiones anteriores figuró en el temario, pero el debate se suspendió por falta de acuerdos. Tras varias semanas de negociaciones y 16 cambios en el texto, el partido gobernante asegura que ya reúne los 36 votos necesarios para aprobarlo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá la sesión porque quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia. Su ausencia cobra relevancia ya que en las últimas semanas expresó diferencias con el proyecto y llegó a decir que no estaba dispuesta a "rifar el país".

2- ¿Qué cambios quiere el gobierno y en qué puntos encontró resistencia?

El proyecto principal se llama Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y uno de sus puntos más debatidos es que cambia la actual Ley de Tierras.

Actualmente, los extranjeros pueden comprar tierras en Argentina, pero hasta cierto porcentaje: desde 2011, una ley establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de la superficie rural del país, de cada provincia ni de cada municipio. 

Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese permitido.

La idea original del Gobierno de Milei, planteada desde enero, era eliminar casi por completo esas restricciones, ya que sostiene que desalientan las inversiones, y por esto busca flexibilizarlas para dar mayor seguridad jurídica a los inversores extranjeros. Pero modificó el documento en 16 ocasiones para lograr que, al menos, llegue al debate.

  • Tres límites. El último borrador propone elevar el límite del 15% al 25% de la superficie rural de cada provincia. La referencia al ámbito provincial es clave, porque actualmente ese umbral ya se supera en algunas provincias. 

Otra clave es que ahora los Estados extranjeros ya no podrán comprar tierras rurales. Además, las empresas con participación estatal extranjera, ya sea directa o indirecta, solo podrán adquirir tierras si cuentan con la autorización conjunta del gobierno nacional y de la provincia correspondiente.

  • Ley de Manejo del Fuego. El proyecto de Milei también modifica las reglas para las tierras afectadas por incendios, por ejemplo, los extensos fuegos que sufrió la Patagonia argentina en los últimos veranos.

La ley actual prohíbe vender los bosques nativos que se hayan incendiado o cambiar su uso durante 60 años, por ejemplo para construir. En el caso de las tierras rurales, la prohibición es de 30 años. El objetivo es evitar la especulación inmobiliaria después de los incendios.

Ahora, con el proyecto del gobierno, se eliminaría la restricción para las tierras rurales. Así, esos terrenos podrán venderse o destinarse a otros usos inmediatamente, sin tener un período de espera. 

Residentes reconstruyen y limpian sus terrenos tras haber sido arrasados por incendios forestales en enero, en Epuyén, provincia de Chubut, Argentina

Con todos estos cambios, creen en el partido gobernante, los votos para el jueves deberían destrabarse. 

3- ¿Qué protestas se esperan y por qué?

El proyecto será debatido este jueves en medio de una fuerte movilización frente al Congreso. Partidos de izquierda, organizaciones sociales y ambientales, sindicatos y centrales de trabajadores convocaron a protestar contra la iniciativa.

Las organizaciones sostienen que ampliar el límite para la compra de tierras por parte de extranjeros podría  reducir el control del Estado sobre recursos considerados estratégicos, como el agua, los bosques, los minerales y las zonas de frontera.

La Central General de los Trabajadores (CGT) afirmó que la reforma pone en riesgo la soberanía territorial, mientras que las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA y CTA Autónoma) calificaron la iniciativa como un "remate" de tierras nacionales.

 El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, sostuvo que el proyecto es "inconstitucional" y llamó a una amplia movilización frente al Congreso.

El gobierno rechaza esas críticas. La exministra de Seguridad y senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que "propiedad no es soberanía" y sostuvo que permitir una mayor participación de inversores extranjeros no implica perder el control del territorio. 

“Es ridículo pensar que porque un extranjero tenga dos departamentos o dos fábricas perdemos soberanía. Propiedad no es soberanía”, afirmó Bullrich al defender la reforma de la Ley de Tierras que el Gobierno busca aprobar en el Senado. 

4- ¿Por qué la propiedad extranjera de tierras es un tema tan sensible en Argentina?

Aunque solo cerca del 5% del territorio argentino está hoy en manos extranjeras, se trata de más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la de toda Inglaterra o Grecia, según un estudio del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires. 

Advierten que derogar la Ley de Tierras no apunta a inversiones productivas, sino a facilitar la apropiación de recursos estratégicos, lo que podría profundizar conflictos sociales.

Mapa incorporado al estudio del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas .

El informe también sostiene que el problema no está solo en la cantidad de tierras, sino en dónde se encuentran. 

Al analizar cada departamento del país, identificó 36 que ya superan el límite del 15% fijado por la ley vigente. En algunos casos, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), la propiedad extranjera supera el 50%.Según el estudio, Estados Unidos es el país con mayor cantidad de tierras rurales en Argentina, con alrededor de 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España.

Los investigadores advierten que muchas de esas tierras adquiridas siguen un patrón común: se ubican en zonas consideradas estratégicas como áreas de frontera, regiones con abundantes recursos hídricos y minerales, bosques o corredores logísticos como la cuenca del río Paraná. De hecho, alrededor de este último, por ejemplo, hay tres localidades que superan el 30% de extranjerización.

5- Casos más resonantes

La discusión también está marcada por casos que generaron un fuerte debate público durante las últimas décadas. Entre ellos se encuentran las cerca de 900.000 hectáreas adquiridas por el grupo Benetton en la Patagonia o las tierras que rodean el Lago Escondido compradas por el empresario británico Joe Lewis en río Negro.

Otro caso es la provincia de Salta que tiene alrededor del 11% de las tierras rurales en manos de capitales transnacionales. También se volvió viral en redes sociales el caso de las extensas propiedades de la empresa chilena Arauco en Misiones, una de las provincias con mayor presencia de capital extranjero. 

El intendente de Puerto Libertad, Fernando Ferreira, intenta sin éxito desde hace dos años comprarle a Arauco 10 hectáreas para instalar un parque industrial que dé trabajo a las familias locales. Le dijeron que sí, pero como las decisiones las toma un directorio con sede en Santiago, la definición se demora y la operación nunca se concreta.

6- ¿Por qué han relacionado esta ley con Israel?

Aunque no existe un registro público que muestre una concentración significativa de tierras rurales argentinas en manos de ciudadanos o empresas israelíes, o un plan de adquisición masiva de tierras por parte de ellos, el tema ha aparecido con frecuencia en el debate sobre la reforma.

Uno de los motivos es la estrecha relación que Milei ha construido con Israel desde que llegó a la Presidencia. Dirigentes opositores sostienen que una flexibilización de la Ley de Tierras podría facilitar futuras compras por parte de inversores israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Argentina, Javier Milei, el domingo 19 de abril de 2026 en Israel.

La discusión también cobró fuerza en enero, cuando los incendios forestales arrasaron amplias zonas de la Patagonia al mismo tiempo que el Gobierno impulsaba por primera vez cambios a la Ley de Manejo del Fuego. 

En ese contexto comenzaron a difundirse en redes sociales versiones que atribuían los incendios a ciudadanos israelíes y los vinculaban con un supuesto interés por adquirir los terrenos afectados si se flexibilizaba la legislación. 

Una de las afirmaciones que más repercusión tuvo sobre esto fue la de la periodista Marcela Feudale, quien aseguró que dos ciudadanos israelíes habían iniciado algunos de los incendios. Días después, entre disculpas, reconoció que esa información no había sido debidamente verificada, aunque esas teorías no perdieron fuerza.

Otro nombre que suele aparecer en la discusión es el de Mekorot, la empresa estatal de agua de Israel, que mantiene acuerdos de cooperación con 12 provincias argentinas

En la versión original del proyecto, una empresa de este tipo habría tenido menos restricciones para adquirir tierras. Tras las modificaciones incorporadas durante las negociaciones en el Senado, las empresas con participación estatal extranjera necesitarán la autorización conjunta del Gobierno nacional y de la provincia correspondiente.


FUENTE:TRT Español y agencias