Bajo la premisa, "La patria no se vende" los manifestantes rechazan a la privatización de la ENEE, el alto costo de la canasta básica, las condiciones del sistema de salud, entre otras demandas.
Cientos de personas se movilizaron en Tegucigalpa, la capital de Honduras, para rechazar las políticas del Gobierno de Nasry Asfura, al que calificaron de "ilegítimo", en una marcha autoconvocada y pacífica desde la colonia Kennedy hasta la casa presidencial.Con pancartas, cánticos y estandartes, y durante casi dos horas, los manifestantes cuestionaron el aumento a los combustibles, las políticas energéticas y las medidas en detrimento de las comunidades originarias y los campesinos, y reclamaron un tope a los precios de los combustibles.
Según los manifestantes, la administración de Asfura llegó al Ejecutivo gracias a la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya un golpe electoral detrás del cual señalan la traición de consejeras electorales de la derecha para permitir el fraude, la intervención de los trolls y granjas de bots del operador de ultraderecha Fernando Cerimedo, y el indulto de Trump al narcotraficante confeso y expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).Ese indulto, sostienen, le permitió a Hernández regresar a Honduras para controlar mafiosamente el país y dirigir desde allí una cruzada contra la izquierda latinoamericana, financiada, entre otros, por el primer ministro de "Israel", Benjamín Netanyahu.
El repudio a la privatización de la ENEE
Los manifestantes repudiaron, además, la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la más grande de Centroamérica, recuperada por y para el pueblo durante la gestión de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026), quien, en un paso inédito, proclamó la energía como un derecho humano y la llevó por primera vez en la historia del país a los sectores excluidos.
Semanas atrás, en coincidencia con el sobreseimiento de Juan Orlando Hernández por cargos de fraude y lavado de activos —en un juicio por presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2013—, el Congreso controlado por la derecha aprobó una reforma energética que privatiza la ENEE.En ese momento, una diputada de la derecha confirmó que la Embajada de Washington en Tegucigalpa presionó a los legisladores para que votaran a favor de la reforma, y amenazó con privar de visas de entrada a Estados Unidos a quienes no secundaran la iniciativa.
Comunidades garífunas y campesinas, contra el avance del agronegocio
Los movilizados rechazaron, asimismo, que el Gobierno de Asfura deje desprotegidas a las comunidades garífunas y a los campesinos con una ley que favorece a las grandes empresas y despoja de tierras a quienes históricamente les pertenecen.Desde hace semanas, más de 35 comunidades y organizaciones mantienen un Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna frente a la Corte Suprema de Justicia.
Los garífunas, quienes se declararon en desobediencia, volvieron a denunciar un operativo violento realizado en julio de 2026 contra la comunidad de San Juan, y la persecución política emprendida contra cinco defensores del territorio: Deinor Osmany Mejía, Irbin René López, Carlos Enrique Guzmán, Onil Hernández y Zara Abigail Acosta Acosta.Los manifestantes anunciaron su intención de convocar a otras movilizaciones, siempre los viernes, en las semanas siguientes.
AlMayadeen