19 Nov
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El gobierno de Milei prorrogó sin plazo, el manejo total del puerto de Ushuaia; tras meses de bloquear los controles administrativos de Tierra del Fuego. El puerto no está intervenido: ha sido confiscado.

 Lo que en enero de 2026 se presentó como una medida "excepcional" de doce meses para subsanar supuestas falencias técnicas, hoy quedó formalizado como una ocupación por tiempo indeterminado. 

Mediante la Resolución 69/2026, firmada en la madrugada de este miércoles 18 de noviembre por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Iñaki Miguel Arreseygor, el Gobierno Nacional prorrogó sine die la intervención del Puerto de Ushuaia, atando su devolución al cumplimiento de un extenso Plan de Obras que la propia resolución admite que demandará "futuros ejercicios".  

La decisión llega en el momento de mayor oscurantismo institucional desde que la Nación desembarcó en el único puerto fueguino, y luego de que la gestión de Gustavo Melella, la Legislatura y los órganos de control provinciales dejaran correr diez meses sin frenar el despojo de la principal caja estratégica de Tierra del Fuego.  


"Zona liberada" de controles fueguinos 

Mientras la Resolución 69/2026 invoca la "seguridad portuaria" y el "interés público" para perpetuar a la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.) —una sociedad estatal en liquidación— en el manejo operativo y financiero del muelle, en los hechos la intervención ha funcionado como un enclave extraterritorial que desconoce la Constitución y las leyes de la provincia:

Bloqueo laboral en medio de denuncias graves: Ayer mismo, inspectores de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego fueron impedidos de ingresar al puerto para verificar denuncias sobre riesgos eléctricos, manipulación de cargas pesadas y falta de personal calificado en empresas contratadas por la intervención. 

La respuesta de los interventores fue negar la jurisdicción provincial. ConsultaratlasVeto ambiental: El área de Ambiente de la provincia también sufrió restricciones para fiscalizar el tratamiento de efluentes y sustancias peligrosas dentro de la terminal.

El Tribunal de Cuentas, obligado a ir a la Justicia: 

Ante la negativa sistemática de la ANPyN y la AGP a rendir cuentas sobre qué hacen con la recaudación que pertenece a Tierra del Fuego, el Tribunal de Cuentas (TCP) debió demandar a los organismos nacionales ante el Superior Tribunal de Justicia para exigir transparencia sobre los fondos públicos.

Licitaciones millonarias y el silencio de las cuentas

La resistencia de la intervención a ser auditada por los organismos fueguinos coincide con la multiplicación de contrataciones millonarias adjudicadas desde Buenos Aires sin control local, que ya superan los $5.000 millones en procedimientos vinculados al puerto y llevaron al juez federal Federico Calvete a ordenar el pasado 30 de octubre que exhiban las cuentas, movimientos bancarios y contratos.Entre las contrataciones que despiertan serias sospechas se destacan:

Sobrecostos del 1.100% en Seguridad e Higiene: 

La intervención lanzó una licitación por $304,9 millones anuales ($25,4 millones por mes) por un servicio por el cual la Dirección Provincial de Puertos pagaba $2,1 millones mensuales hasta diciembre de 2025.

Contratos a medida: 

Adjudicaciones por $470,4 millones en limpieza integral (Mercado de Soluciones S.A.), $154,9 millones para acondicionar una cisterna y $80 millones a la firma Nadir Soluciones Integrales SAS (única oferente, constituida originalmente con un capital de $19.000) para realizar un relevamiento dominial sobre tierras que ya son de dominio provincial.

La trampa de la Resolución 69/2026: Prórroga indefinida y avance territorial El texto firmado hoy por Arreseygor confirma que el objetivo nunca fue devolver el puerto en enero de 2027. 

En su Artículo 2°, la norma prorroga la intervención y la suspensión de la habilitación sin fijar un plazo calendario, condicionando el fin de la medida a la ejecución total de un Plan de Obras (Anexo I) que incluye desde el recambio del muelle comercial y los sitios 1, 3 y 5, hasta el reflotamiento del Dique Y-3 y obras en los muelles de catamaranes. 

Al reconocer que estas contrataciones de la AGP S.A.U. se extenderán a "futuros ejercicios", Nación se garantiza el control de la recaudación portuaria por años. Pero hay un dato aún más grave en el Artículo 3°: la resolución aprueba una "adecuación de la planimetría" (Anexo II) que extiende el alcance de la intervención sobre toda la infraestructura terrestre, maquinaria, espejos de agua y espacios acuáticos lindantes. 

Bajo el pretexto de ordenar el plano operativo, la Nación consolida su dominio físico y jurídico sobre el frente costero más valioso del Atlántico Sur. 

La crónica de una entrega anunciada

Se cerró el círculo que Agenda Malvinas advirtió desde el primer día. La combinación entre la desidia inicial del gobierno de Gustavo Melella —que desoyó al Fiscal de Estado en diciembre de 2025 para frenar la medida con una cautelar— y la voracidad recaudatoria de la intervención nacional ha derivado en la pérdida efectiva de la autonomía portuaria.  

Sin fecha de salida, con las cuentas blindadas ante la Justicia, con inspectores provinciales echados de la puerta del muelle y con licitaciones que multiplican por doce los costos operativos, el Puerto de Ushuaia ya no está intervenido: ha sido confiscado. 


AGENDA MALVINAS