El Supremo Tribunal Federal inició la fase final del juicio a Jair Bolsonaro, acusado de conspirar contra la democracia; podría recibir hasta 43 años de prisión.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó este martes la fase final del juicio histórico contra el expresidente Jair Bolsonaro, procesado junto a siete de sus colaboradores más cercanos por su participación en un plan golpista para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
Bolsonaro, de 70 años, enfrenta cargos por intento de abolición violenta del Estado de derecho, organización criminal y tentativa de golpe, delitos que podrían derivar en una condena de hasta 43 años de cárcel.
El exmandatario, que guarda prisión domiciliaria en Brasilia, niega los cargos y alega persecución política.
Se trata de la primera vez en la historia brasileña que un expresidente y militares son juzgados por un intento de asonada.
El juicio, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, contempla cinco sesiones públicas en las que los magistrados deliberarán sobre las pruebas presentadas por la fiscalía.
Según sostiene la acusación, Bolsonaro encabezó un plan iniciado en 2021, cuando comenzó a cuestionar la seguridad de las urnas electrónicas para preparar un eventual desconocimiento de los resultados.
La conspiración habría culminado el 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes asaltaron violentamente las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Entre las pruebas recopiladas figuran escuchas telefónicas, registros bancarios y fiscales, allanamientos y el testimonio de Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro que firmó un acuerdo de culpabilidad y señaló al expresidente como principal organizador.
El juicio también está marcado por la inédita presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió públicamente que no se realizara el proceso.Como represalia, la Casa Blanca impuso aranceles del 50 por ciento a productos brasileños y sancionó a jueces del Supremo, calificando el juicio como una “persecución política” contra un aliado.
Por su parte, el gobierno de Lula da Silva reafirmó que la justicia es independiente y que el proceso busca garantizar la rendición de cuentas frente a la amenaza más grave contra la democracia desde el fin de la dictadura militar.
La defensa de Bolsonaro insiste en que el exmandatario autorizó la transición de poder y condenó los actos violentos.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que existió un plan estructurado que incluía incluso el asesinato de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez Alexandre de Moraes, mediante envenenamiento o explosivos.
El exmandatario ya fue inhabilitado en 2023 por abuso de poder tras difundir información falsa sobre el sistema electoral, y ahora podría recibir la condena más severa jamás dictada contra un expresidente brasileño.
AlMayadeen