BUENOS AIRES – En conferencia de prensa brindada en el Instituto Patria, familiares, abogados y referentes de derechos humanos denunciaron la situación de "extrema gravedad" de los argentinos Paula Jiménez y Lucas Aguilera, quienes cumplen 17 días de detención arbitraria en el este de Libia.
Durante el acto, se compartieron testimonios desgarradores sobre el estado físico de los jóvenes y se lanzó una dura acusación contra la Cancillería argentina por su inacción diplomática.
Relatos del horror en los "blacksites" libios
Tras días de absoluto silencio, los detenidos lograron comunicarse brevemente con sus familias el 4 de junio, luego de realizar una huelga de hambre seca para exigir comunicación.
Nora, madre de Paula Jiménez, relató conmovida el impacto de esa llamada: “Realmente su primer llamada fue terrible, terrible. Me la encontré, ni siquiera su voz era la de siempre... estaba con una angustia terrible. Me contó lo de su desmayo, su presión, la convulsión que le había dado”.
Según se informó en la conferencia, los 10 integrantes del equipo negociador —entre ellos seis mujeres— han sido trasladados por diversos centros de detención o blacksites.
Las condiciones descriptas por los propios detenidos son inhumanas: “Estuvieron en lo que ellos describen como un pozo, cada uno aislado, con una letrina nada más, oscura, sin luz absolutamente... en celdas de a tres o cuatro, sin mucha comunicación entre ellos y sin atención médica”.
Críticas a la Cancillería Argentina: "Doble vara" y "abandono"
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el rechazo al comunicado emitido por la Cancillería argentina el pasado 29 de mayo, que calificó la misión humanitaria como "temeraria e imprudente".
Para los familiares y organizaciones, este posicionamiento estatal “hizo entrar aún más en riesgo la vida y la integridad de Paula y Lucas, porque este comunicado en manos de quienes los tienen detenidos podría ser utilizado como una justificación”.
La diputada nacional Lorena Pokoik, presente en el estrado, fue enfática al señalar la responsabilidad del ministro Pablo Quirno: “Cualquier cosa que pase están bajo la absoluta responsabilidad del canciller Quirno, por omisión de acciones. Lo que no le puede pasar a cualquier gobierno es tener una doble vara para medir qué vidas de ciudadanos argentinos valen más que otras”. Asimismo, subrayó una premisa que repitieron todos los expositores: “La ayuda humanitaria nunca puede ser delito”.
Un secuestro político bajo un "limbo jurídico", Matías Caciabue codirector de NODAL explicó que la detención no tiene sustento legal claro, ya que los voluntarios contaban con visados oficiales de Libia y Egipto. “Esto instituye que lo que está pasando en realidad, en términos jurídicos, es un secuestro. Ellos son rehenes de una de las facciones en el contexto de la guerra civil en Libia”.
Por su parte, Carla, hermana de Lucas Aguilera, expresó el sentimiento de desprotección que embarga a la familia: “Hoy te das cuenta de que el Estado argentino está ausente absolutamente en todos los niveles de la vida de cualquier argentino”.
Prórroga de 30 días
Sobre el cierre de la conferencia de prensa, se recibió una actualización alarmante: la Cancillería informó a las familias sobre una supuesta audiencia judicial en la que se habría dispuesto que “la investigación se prorroga 30 días más”.
Los representantes legales denunciaron que la Cancillería intenta "obstaculizar" la intervención de abogados y organizaciones, exponiendo a las familias a información confusa en momentos de extrema vulnerabilidad.
Las organizaciones convocantes, entre ellas la CTA e H.I.J.O.S., Instituto Patria, exigieron una "visita humanitaria y médica urgente", así como la intervención de la Cruz Roja Internacional para garantizar la integridad de los 10 delegados secuestrados.