Eritrea también juega en el Mar Rojo. Por Alí Mustafá
La administración Trump decidió retirar sanciones contra las Fuerzas de Defensa de ese país en otro rasgo de pragmatismo que lleva a hacer la vista gorda ante violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de su estrategia regional.
«La diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos.»
Federico el Grande, Rey de Prusia
Donald Trump tomó la decisión estratégica de retirar las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantenía sobre las Fuerzas de Defensa de Eritrea y diversas entidades estatales del país.
Estas medidas punitivas, impuestas en 2021 por la gestión de Joe Biden debido a la sangrienta intervención eritrea en la guerra civil de la vecina Etiopía, congelaban activos y prohibían transacciones financieras con el régimen de Asmara.
En un contexto marcado por la escalada bélica en Medio Oriente y la tensión en las rutas del Mar Rojo, Washington el 18 de septiembre optó por dar paso a un pragmatismo geopolítico que busca estrechar lazos con el gobierno de Isaias Afwerki, quien ocupa la presidencia desde mayo de 1993.
Eritrea está ubicada en una posición geográfica a lo largo de una de las arterias clave para el transporte del comercio mundial lo que la pone en un lugar privilegiado pero a su vez de alta conflictividad internacional.
Este golpe de timón de EEUU ocurre en medio de una reconfiguración de alianzas en el Cuerno de África, donde Afwerki despliega una agresiva diplomacia regional.
A mediados de septiembre, Asmara elevó la tensión con su vecino y antiguo rival, acusando al gobierno etíope de Abiy Ahmed de desestabilizar la región, financiar grupos subversivos para buscar un cambio de régimen en Eritrea y respaldar a las Fuerzas de Apoyo Rápido FAR en la guerra civil de Sudán.
Etiopía, por su parte, sostiene que tropas eritreas permanecen en su territorio apoyando a facciones armadas tras el acuerdo de paz de Pretoria de 2022.
Detrás de esta disputa subyace la pretensión de Adís Abeba de recuperar acceso al mar, apuntando directamente al puerto eritreo de Asab.
Para contener a Etiopía, Eritrea reforzó su coordinación estratégica con Egipto. Ambos gobiernos reafirmaron que la seguridad del Mar Rojo es competencia exclusiva de los estados ribereños, rechazando injerencias de actores externos o países sin litoral.
En tanto, el canciller eritreo Osman Saleh advirtió contra el acercamiento entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, cuestionando los intentos de Tel Aviv de instalar una base militar en Somalilandia y denunciando el colonialismo portuario de firmas emiratíes como DP World y AD Ports en Berbera. En cuanto a Yemen, Asmara descartó cualquier opción militar, reclamando salidas políticas para proteger el flujo comercial.
Aún así, el perdón de Washington al aparato militar eritreo expone otra severa paradoja moral y política. Al retirar sanciones sin exigir reformas democráticas, la diplomacia estadounidense valida a un régimen totalitario encabezado por Afwerki y el Frente Popular por la Democracia y la Justicia (PFDJ), único partido legal desde la independencia en 1993.
Lo que nació como una gesta de liberación tras tres décadas de guerra contra Etiopía terminó convertido en lo que la diplomacia occidental califica como la Corea del Norte de África. Bajo este dominio, jamás se celebraron elecciones, la constitución de 1997 jamás se implementó, no existe prensa libre ni presupuesto público, y el poder lo ejerce en la sombra el presidente junto a una cúpula militar y partidaria.
Eritrea también juega en el Mar Rojo Foto: Eduardo-Soteras / AFP
El pilar de este estado policial es el servicio nacional obligatorio e indefinido, una conscripción forzada catalogada por la ONU como trabajo esclavo.
Cualquier disidencia se castiga con tortura, detención y desaparición. Esta represión se consolidó en septiembre de 2001, cuando, tras la guerra fronteriza con Etiopía (1998-2000), que dejó 19.000 muertos, Afwerki aplastó a la facción crítica del G-15 y cerró los medios independientes. Periodistas como Dawit Isaak y Amanuel Asrat fueron encarcelados incomunicados y permanecen desaparecidos desde hace 20 años.
Los reclamos de fe de vida respaldados por 188 oficinas internacionales y Premios Nobel nunca fueron respondidos.
Para sostener su hegemonía interna en medio del estado de ni guerra ni paz, el régimen se ha financiado mediante el tráfico de personas, la explotación de oro y la extorsión a la diáspora con el impuesto del 2% bajo amenaza a sus familias.
La ONU denunció su apoyo logístico a grupos extremistas como Al-Shabaab en Somalia (de la red de Al Qaeda) e insurgencias en Yibuti, Sudán y Uganda. La consecuencia directa es un colapso social que impulsa el éxodo de 5.000 jóvenes mensualmente, convirtiendo a Eritrea en una de las mayores fuentes de refugiados hacia Europa.
La situación es más que crítica, mientras que occidente finge demencia. La U.E. destinó más de 300 millones de euros en ayuda para intentar frenar la migración, e informes gubernamentales intentaron redefinir a perseguidos políticos como migrantes económicos, ignorando las advertencias de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad.
El levantamiento de sanciones por parte de EEUU se alinea con este pragmatismo, sacrificando los derechos humanos a cambio de alianzas militares en el Mar Rojo.
La historia demuestra que condonar la impunidad de un dictador, como lo está haciendo Trump, no lleva estabilidad a la región, por el contrario, subvenciona la maquinaria que desestabiliza las rutas del Mar Rojo y, a su vez, condena a todo un pueblo a la opresión.
Por: Alí Mustafá
TIEMPO ARGENTINO