Durante un conversatorio organizado por La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, diversos miembros de organizaciones sociales y jurídicas expresaron su preocupación ante la utilización del ‘’terrorismo’’ como pretexto para la persecución y el encarcelamiento de civiles.
El 18 de septiembre se reunieron en miembros de La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el reconocido abogado penalista, criminólogo y ex juez argentino Eduardo Zaffaroni para dialogar acerca del retroceso en materia de derechos que está atravesando el territorio, agravado por el gobierno de Javier Milei.
Las declaraciones abarcaron temáticas como la privación de la libertad de expresión, la criminalización de la protesta y la migración, la pérdida de garantías constitucionales, y también incluyeron abordajes referidos a las medidas de las políticas externas comandadas desde el Norte en plena crisis civilizatoria y sistémica.
Para empezar, Gustavo Franquet (perteneciente a La Gremial) advirtió sobre la articulación entre el poder punitivo y el estatal para la vigilancia y la persecución a quienes son considerados una amenaza: ‘’estamos en un contexto en donde la aplicación del terrorismo no es aislada, avanza el poder punitivo junto con la vigilancia del estado.
Estamos dispuestos a tolerar cualquier cosa, como que haya cámaras en todos lados (...) o allanamientos producidos por la cibervigilancia de Meta. (...) Hemos permitido que esto suceda porque no nos hacemos cargo lo suficiente de lo que pasa, mientras que la legislación permite cada vez más arbitrariedades'', sostuvo Gustavo.
También trajo a colación la Ley Antiterrorista sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en donde los delitos vinculados a actividades de terrorismo incrementarán sus penas en el doble del mínimo y el máximo.
Continuó Luis María Alman Bornes, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, afirmando que ‘’vivimos en un tiempo en el que las palabras se vacían de sentido para volverse garrote. (...) Esto es una peligrosa herramienta de disciplina social, con estrategia comunicacional que la acompaña’’, argumentando que cuando un reclamo no puede ser refutado, la criminalización es la respuesta violenta por parte del poder estatal y judicial. Junto a esto, brindó ejemplos de líderes mundiales perseguidos por el poder concentrado, como lo fueron Martin Luther King, Nelson Mandela o Frei Betto, siendo símbolos de resistencia.‘
’El patrón se repite: quien defiende a los de abajo es peligroso para los de arriba.Este gobierno le hace sentir terror todos los días a los jubilados, a los discapacitados, a las familias que recurrían a los comedores comunitarios desfinanciados y estigmatizados.
Pero a este terror no se le llama terrorismo, se le llama ajuste, eficiencia y orden fiscal. Es una estrategia discursiva perversa’’,recalcó.
Por su parte, Eduardo Tavani - miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - fue tajante con su análisis internacional. ‘’Estamos atravesando una crisis terminal del sistema.
Se ha roto el pacto civilizatorio tras laSegunda Guerra mundial; los grandes conflictos de intereses y las guerras de baja intensidad hicieron una nueva realidad a enfrentar donde ciertos acuerdos internacionales y pactos se fueron archivando y abandonando, y lo que primó fue la ley del más fuerte’’, dijo.
Al mismo tiempo, añadió el rol fundamental del imperialismo norteamericano en la construcción del enemigo, siendo el 11 de septiembre de 2011 el punto de ruptura que habilitó las intervenciones militares y las cárceles clandestinas a nivel mundial: ‘’se habilitó la presión de ciertas agencias multilaterales sobre gobiernos incluso progresistas para sancionar normas como la ley antiterrorista (2011) que permitieron llevarnos hasta acá, habilitando la persecución de las disidencias que enfrentan un modelo de exclusión y que resultan incómodas para el sistema’’, afirmó, en consonancia con Gustavo Franquet.
Le siguió Diego Morales, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales,quien advirtió que en argentina la vinculación entre terrorismo y protesta tiene un rebote tanto en el estado como en el ámbito judicial, con el protocolo antipiquete y la creación de un Comando Unificado en seguridad productiva.
Según Diego, medidas como éstas habilitan el despliegue fuerzas federales en casos de conflictos laborales (vinculados a la minería y al agronegocio, dos grandes impulsores de la expulsión de comunidades autóctonas).
El último expositor, Eduardo Zaffaroni (reconocido abogado penalista, criminólogo y ex juez), advirtió acerca de la ineficacia de la Constitución nacional frente a un poder judicial que decide la catástrofe que se está viviendo en Argentina y que dificultará el ejercicio pleno del futuro gobierno: ‘’El día que esto se supere, que alguien asúmala presidencia y quiera empezar a reconstruir un estado con esta magistratura no va a poder. Es absolutamente imposible.
No tenemos poder judicial, y debo informar que nunca lo tuvimos. (...) Vivimos en una anarquía desde siempre. ¿Nadie se dio cuenta de esto a lo largo de nuestra historia?’’, expresó.También añadió su análisis frente al discurso sobre Malvinas que realizó el presidente Javier Milei a fines de agosto, una estrategia que para Eduardo es un pretexto para la creación del Consejo de Seguridad Nacional.
Hacia el final de su exposición, lanzó severas preocupaciones frente al futuro no sólo de la República Argentina, sino de la humanidad entera. ‘’Si se descontrola,vamos a un genocidio: de eso tenemos prueba evidente.
La política internacional se encuentra en una crisis civilizatoria en caída libre. Nuestra civilización es una historia de genocidio, y estamos en una situación límite. El ejercicio del poder que tienen estos irresponsables es capaz de acabar con la humanidad’’, sentenció.
Por Pilar Cortés para Data Urgente