Dos contratistas rompieron con Navitas y Rockhopper y se retiran del proyecto petrolero en Malvinas
A través de comunicados a las bolsas de Tel Aviv y Londres las empresas reconocieron la deserción de dos firmas proveedoras de servicios. Navitas advirtió a sus accionistas que el desarrollo en la Cuenca Malvinas Norte enfrenta riesgos de demora o fracaso ante la falta de reemplazos y la continuidad de las medidas legales impulsadas por Argentina.
La estrategia de persecución jurídica, administrativa y diplomática desplegada por la República Argentina contra las operaciones hidrocarburíferas ilegítimas en el Atlántico Sur provocó un impacto operativo directo.
En sendos comunicados oficiales presentados este lunes ante la Bolsa de Valores de Londres (AIM) y el regulador bursátil de Israel (ISA), Rockhopper Exploration plc y Navitas Petroleum admitieron que dos empresas contratistas decidieron rescindir sus compromisos y no prestarán servicios en el proyecto Sea Lion para no quedar alcanzadas por el régimen sancionatorio argentino.
La notificación formal responde a la conmoción generada en la cadena de proveedores tras confirmarse el retiro de gigantes internacionales del rubro, como la estadounidense Halliburton Company, que desestimó participar de las tareas de completación y perforación en las islas para preservar su posición en el mercado continental y en las áreas de Vaca Muerta al amparo de la Ley 26.659.
La advertencia de Navitas ante el regulador israelí
En el reporte corporativo difundido a través del sistema bursátil israelí, Navitas reconoció la salida intempestiva de los proveedores y confirmó que busca contrarreloj alternativas en el mercado internacional:
«En relación con un informe publicado en los medios de comunicación por parte de un contratista vinculado al Proyecto, según el cual no realizará trabajos en el Proyecto Sea Lion y no participará en la exploración y producción de petróleo en el área de las Islas Malvinas, la Asociación informa que está tomando medidas para reemplazar a dos contratistas que incumplieron sus obligaciones y que continuará actuando para realizar los ajustes necesarios al Proyecto».
A renglón seguido, y en cumplimiento de la Ley de Valores israelí (5728-1968), la compañía debió incorporar una advertencia explícita sobre los riesgos financieros y operacionales que enfrenta la inversión:
Falta de sustitutos: Reconoció que las metas productivas podrían no cumplirse si el reemplazo de las firmas salientes «se retrasa o no tiene éxito».Efecto dominó corporativo: Alertó sobre la posibilidad de que «contratistas adicionales involucrados en el Proyecto notifiquen que se abstendrán de realizar actividades en el área de las Islas Malvinas y no se encuentren alternativas satisfactorias para ellos».
Endurecimiento de Buenos Aires: Advirtió a los fondos inversores que el negocio puede sufrir alteraciones sustanciales ante «una mayor escalada en la actividad del Gobierno de Argentina en este asunto» o la implementación de nuevos cambios regulatorios y geopolíticos.
La presión de las sanciones y el cerco legal integral
La retracción de los contratistas valida el poder disuasivo del marco legal argentino. Durante las últimas semanas, el Gobierno nacional intensificó la intimación pública sobre el circuito financiero y de servicios auxiliares, señalando que cualquier empresa con presencia directa o indirecta en Malvinas quedaría excluida de los desarrollos de la plataforma continental y las cuencas productivas del país.
A este escenario se suman los frentes judiciales abiertos:
1. La vía penal federal: Los exhortos diplomáticos librados por los jueces federales Julián Ercolini y Ariel Lijo hacia el Reino Unido e Israel para individualizar a los directores y apoderados de Navitas y Rockhopper, con miras a imputaciones e indagatorias.
2. La cautelar ambiental: La orden judicial dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, que ordenó suspender cualquier trabajo físico preliminar de Sea Lion por falta de evaluación de impacto ambiental argentina, expediente al que recientemente se incorporó el Municipio de Río Grande.
3. El tablero internacional: El cómputo del ultimátum de dos semanas emitido por la Presidencia de la Nación antes de radicar la solicitud de medidas provisionales urgentes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo bajo el Anexo VII de la CONVEMAR.
La admisión enviada por las petroleras a las bolsas de Tel Aviv y Londres corrobora que la disputa por los recursos de la Cuenca Malvinas Norte entró en un terreno de consecuencias materiales: sin el soporte de la ingeniería internacional y frente a la amenaza penal sobre sus activos, el proyecto británico empieza a exhibir fisuras concretas en su viabilidad logística.
HISPANTV