La presidenta encargada de Venezuela anunció una Ley de Amnistía General que abarcará la violencia política desde 1999, con excepciones a varios delitos de lesa humanidad y otras faltas como narcotráfico
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 30 de enero una Ley de Amnistía General que abarque la violencia política desde 1999 hasta el presente.
Durante la sesión solemne de apertura de actividades judiciales 2026 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la mandataria explicó que la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia en Venezuela y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz tendrán la responsabilidad de presentar la propuesta de ley ante la Asamblea Nacional (AN).
Especificó que quedarán exceptuadas aquellas personas involucradas en tráfico de drogas, homicidios, corrupción y otras violaciones de derechos humanos, tal y como dicta la Constitución.
La dignataria explicó que este anuncio ha sido discutido en el alto mando político de la Revolución, y agregó que cuenta con la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, —secuestrados en Nueva York— "con quienes tenemos intercambios".
Añadió que tanto el mandatario como la diputada Flores dejaron "líneas (…) por si llegase a ocurrir una situación calamitosa para nuestra patria, como en efecto ocurrió el 3 de enero", cuando Estados Unidos (EEUU) perpetró una agresión militar.
A los más de 800 excarcelados desde el año pasado —que estaban siendo procesados por violencia política, instigación al odio y actos violentos con fines desestabilizadores— Rodríguez les expresó que la medida es una oportunidad para reencontrarse con la convivencia y para apegarse al diálogo como herramienta para dirimir las diferencias.
Pido a quienes han sido beneficiados por medidas [de excarcelación], para aquellos privados de libertad excarcelados, en nombre de los venezolanos y de las venezolanas, que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio
La mandataria encargada también anunció que ordenó el cierre del centro de detención Helicoide, lugar que será transformado en un centro de atención social, comercial y de esparcimiento para las familias de los policías y de las comunidades.
En su discurso, Rodríguez aseveró que la justicia, más que un hecho punitivo, debe convertirse en un valor que tribute a afianzar la paz del país.
Venezuela debe convertirse en un país, en un movimiento por la paz a través de la justicia, que la justicia traiga paz duradera para Venezuela y traiga tranquilidad y estabilidad
En esa línea, convocó una gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia, con el fin de dejar atrás algunos vicios que aún persisten, tales como trabas en el acceso, selectividad y retardo procesal.Rodríguez ofreció datos demográficos de la población carcelaria de Venezuela, que arrojaron que el 68.8 % de los privados de libertad pertenecen a los estratos cuatro y cinco, asociados a la pobreza y pobreza crítica.Esta cifra contrasta con el 1.14% de presos que pertenece al estrato uno.Agregó que el 75,5 % de los condenados admitieron los hechos. Según explicó, esto obedece al retraso procesal y a los costos del proceso.
También dijo que el estudio revela que el 63,5% de los privados de libertad tiene solo educación básica.Ante estos datos, “yo pido que demos un giro en esta realidad, y pido que el Estado venezolano tenga intervención social y económica para la prevención del delito”, aseveró Rodríguez.
Sobre este tema, exhortó al Fiscal General a evaluar imponer “medidas alternativas al castigo y a la punición para nuestros privados de libertad, en el marco de una categorización de los delitos”.
En la actividad, Rodríguez solicitó a la Sala Constitucional del TSJ un pronunciamiento sobre la Licencia 46 emitida este jueves 29 de enero por el Departamento del Tesoro de EEUU que, si bien flexibiliza el bloqueo y facilita la participación de empresas de la nación norteamericana en el mercado del crudo venezolano, continúa representando una barrera.
La solicitud —dijo— es “en aras de preservar la jurisdicción de Venezuela y en aras de preservar el derecho de Venezuela a relaciones internacionales, de diversidad y a relaciones de cooperación económica con todos los países del mundo”.
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