La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) expresó su “profunda preocupación” por el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad Nacional titulado “Medidas de seguridad para la Prensa – Operativo Congreso”, que establece pautas para la cobertura periodística en las inmediaciones del Congreso durante los días 18, 19 y 20 de febrero.
A través de un pronunciamiento difundido este 17 de febrero, la entidad —que cuenta con más de 40 años de trayectoria y representa a más de 90 periodistas de medios internacionales— cuestionó el alcance de las disposiciones oficiales y advirtió que implican restricciones al trabajo de la prensa en el espacio público.
Según ACERA, el documento oficial no solo limita la labor de los trabajadores de prensa durante manifestaciones y protestas, sino que además intenta “deslindar al Estado de su rol constitucional” como garante de la seguridad de los periodistas que realizan coberturas en la vía pública.
En ese sentido, la asociación sostuvo que cualquier medida que restrinja la cobertura periodística de movilizaciones “obstaculiza el ejercicio del derecho a buscar y difundir información” y, al mismo tiempo, afecta el derecho de la sociedad a recibir información “veraz y oportuna”.
El comunicado también remite a estándares internacionales en materia de libertad de expresión. ACERA recordó que organismos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría de Naciones Unidas han establecido que, en contextos de conflictividad social, el Estado debe garantizar el “máximo nivel de protección” para los periodistas.
En ese marco, la entidad rechazó los términos de la comunicación oficial al considerar que genera un “efecto intimidatorio” sobre la labor periodística, desatiende el deber estatal de proteger la integridad de los reporteros y, además, traslada esa responsabilidad a los propios trabajadores de prensa.
Por último, ACERA remarcó que la libertad de expresión exige que las autoridades adopten medidas activas para asegurar condiciones adecuadas de trabajo, especialmente en coberturas de alto interés público como las protestas sociales. También advirtió que las restricciones “desproporcionadas o generalizadas” constituyen una vulneración directa de derechos fundamentales.
Página 12