La Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia inició bloqueos de carreteras a escala nacional contra la Ley 1720, que convierte propiedades familiares en medianas y facilita la concentración de tierras en manos de agroindustriales.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la mayor organización social rural del país, anunció este miércoles el inicio de bloqueos de carreteras a escala nacional en rechazo a la Ley 1720, una norma de reconversión e hipoteca de tierras que los sectores campesinos e indígenas denuncian como una puerta abierta al latifundio y a la especulación.
La movilización se suma a la llegada este lunes a la sede del Ejecutivo de cientos de marchistas procedentes de los departamentos de Pando y Beni, que completaron 28 días de marcha para entregar una demanda formal de abrogación de la norma al gobierno del presidente Rodrigo Paz.
El dirigente de los marchistas, Faifer Cuajera, dejó el pliego en la Casa Grande del Pueblo con un ultimátum directo: "Nosotros no necesitamos reunirnos con los ministros; necesitamos reunirnos con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. Le damos un plazo de 24 horas". El senador Humberto Suárez, del Partido Demócrata Cristiano, respaldó la exigencia y apuntó al mandatario: "¿Para quién está gobernando, para un grupo de empresarios? Usted cuando hizo campaña dijo que iba a gobernar para la gente y esta es la gente".
El patrimonio de las comunidades no tiene precio. Nosotros protegemos pequeñas parcelas de una o dos hectáreas porque garantizan la alimentación, mientras que a otros sectores no les importa qué está comiendo Bolivia.— Luis Alfaro, exdirigente campesino, sobre la Ley 1720
El exdirigente campesino Luis Alfaro fue uno de los primeros en articular públicamente el rechazo a la norma. En su análisis, la ley beneficia exclusivamente a la oligarquía agroindustrial y es parte de un proyecto de alianzas productivas con intereses vinculados a regiones del Brasil. "Este escenario podría derivar en un 'negocio del siglo', donde tierras serían adquiridas a bajo costo y luego revendidas a precios mucho más altos", advirtió.
El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas, explicó el mecanismo concreto de la ley: "La norma facilita la conversión de categorías de propiedad sin mayores controles sustantivos, quedando el proceso principalmente en manos del INRA".
Eso implica que propiedades clasificadas hoy como patrimonio familiar podrían convertirse en medianas propiedades sin una fiscalización ambiental rigurosa, lo que habilita de facto cambios en el uso del suelo.El impacto territorial más preocupante apunta a los departamentos de Santa Cruz y Beni, donde se concentran los grandes operadores ganaderos y agroindustriales.Vargas señaló que en Santa Cruz aproximadamente el 75% de la superficie reconocida como pequeña propiedad está bajo control del sector ganadero. Una reclasificación masiva de esas tierras como medianas propiedades abriría la puerta a la expansión de la frontera agropecuaria sobre ecosistemas de alto valor ambiental como el Bosque Seco Chiquitano y los bosques amazónicos, con consecuencias irreversibles para las comunidades indígenas que los habitan.
La CSUTCB ratificó también su respaldo a los marchistas de Pando y Beni y convocó a los sectores campesinos a reunirse a nivel nacional para asumir una posición conjunta. La Cámara Agropecuaria del Oriente, que respalda la ley, fue interpelada directamente por los líderes campesinos, que calificaron su pronunciamiento de expresión de los intereses del agronegocio concentrado.
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