Dos manifestantes fallecieron por impactos de bala policial en una protesta en Colcapirhua, Cochabamba. Exigen investigación independiente
Un operativo de desalojo en un vertedero de Cochabamba terminó con dos manifestantes muertos por impactos de bala. El hecho marca el primer uso de fuerza letal bajo la administración del presidente Rodrigo Paz.
Hechos confirmados: cronología de una represión letal
Este lunes, fuerzas policiales intervinieron para desbloquear el acceso al vertedero municipal de Colcapirhua, en el departamento de Cochabamba. Manifestantes, principalmente campesinos de comunidades aledañas, llevaban 12 días protestando por la expansión no autorizada del botadero, que genera un foco de infección y contaminación. Según fuentes médicas y testimonios, la policía empleó gases lacrimógenos y posteriormente realizó disparos de arma de fuego contra los presentes.
Balance oficial y denuncias: dos fallecidos y múltiples heridos
El médico Julio César Orozco, director del hospital de referencia en Cochabamba, confirmó la muerte de dos hombres, de 38 y 47 años, identificados como Mario Padilla y Sinforiano Carrillo. Ambos presentaban "heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax". El mismo centro asistencial atiende a otros cuatro heridos, dos de ellos en estado grave. Otras fuentes locales reportan hasta 20 lesionados, con al menos seis con heridas de bala.
Víctimas fatales: Mario Padilla (38) y Sinforiano Carrillo (47).Causa de muerte confirmada: Impactos de bala en el tórax.Métodos policiales reportados: Gases lacrimógenos y uso de armas de fuego.
Heridos reportados: Entre 4 (oficial) y 20 (fuentes locales), varios por proyectiles.Contexto del conflicto: incumplimiento de acuerdos y falta de diálogoLa protesta no fue espontánea. Surge del incumplimiento de un acuerdo establecido en abril, que limitaba el uso del vertedero a siete meses y exigía delimitar su capacidad. Las autoridades no cumplieron lo pactado. Marioly Álvarez, representante de la Defensoría del Pueblo, admitió la falta de diálogo, argumentando la ausencia de "dirigentes identificables". Esta postura ha sido criticada como una evasión de responsabilidad para atender demandas legítimas.
Silencio institucional y denuncias de abusos generalizados
Ni la Policía ni la Fiscalía han informado sobre las circunstancias de las muertes o dado versiones oficiales. Este silencio contrasta con las denuncias de los comunarios, quienes acusan a los agentes de un uso excesivo de la fuerza que incluyó patear puertas para ingresar a viviendas familiares de manera irregular. El vacío informativo oficial alimenta las acusaciones de una operación desproporcionada y violenta.
Significado político: primeras muertes bajo una nueva administración
Estas son las primeras muertes en una protesta social registradas desde que Rodrigo Paz asumió la presidencia. El vicepresidente Edman Lara prometió una investigación y aseguró que los responsables "serán llevados ante la justicia". Sin embargo, organismos de derechos humanos como ProDHCre señalan que el hecho se enmarca en un contexto de intentos por criminalizar la protesta social en el país, mediante proyectos de ley que buscan penalizarla.
Exigencias y llamado internacional
ProDHCre y otras organizaciones exigen la conformación inmediata de una comisión de investigación independiente, con participación de defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas. También llaman a la movilización para exigir "juicio y castigo a los responsables políticos y materiales". El caso pone a prueba el compromiso del nuevo gobierno con los derechos humanos y los estándares internacionales sobre el uso proporcional de la fuerza en contextos de protesta social.
ALMAPLUS