Desprecio a la verdad, a la soberanía y a la institucionalidad.
La política venezolana ha estado marcada por profundas polarizaciones y confrontaciones, en las que ciertas figuras opositoras han adoptado estrategias que trascienden el debate democrático con el objetivo de alcanzar el poder por medios criminales.
Es el caso de María Corina Machado, representante de la línea más radical de la oposición, quien ha construido una trayectoria pública caracterizada por la promoción de acciones desestabilizadoras, la solicitud abierta de intervenciones extranjeras y el desconocimiento sistemático del marco institucional venezolano.
Adicta a la simulación de hechos
Un elemento recurrente en el repertorio político de María Corina Machado es la utilización de puestas en escena diseñadas para generar crisis de percepción y movilizar su base de apoyo. Estas acciones, a menudo desmentidas por evidencias posteriores, buscan proyectar una imagen de victimización y crear narrativas de "crackdown" gubernamental.
Distintas fuentes han documentado antecedentes similares, incluido un supuesto "autoatentado" y un "autosecuestro", estrategias conocidas en el ámbito de la guerra política como "falsos positivos".
Uno de los episodios más recientes —y reveladores— ocurrió el 9 de enero pasado, cuando su entorno denunció su "detención violenta" por parte de cuerpos de seguridad venezolanos durante una concentración opositora en Chacao. Instantes después diversas fuentes opositoras y medios internacionales replicaron la noticia como si se tratara de un hecho verificado.
Sin embargo, horas más tarde, se difundió un video en el que Machado aparece negando haber sido detenida, y en el que afirmaba que se encontraba "bien y a salvo"; una fotografía posterior mostró su salida del acto a bordo de una motocicleta, en plena libertad. La rapidez con la que se difundió la noticia de su captura y su posterior aparición sin explicaciones sobre el supuesto evento generaron serias dudas.

Como un "falso positivo" fue calificada la supuesta captura de Machado en enero pasado, reapareció luego del escándalo aclarando que estaba bien (Foto: Archivo)
El fiscal general Tarek William Saab calificó el episodio como una operación de falsa bandera destinada a "sembrar el caos y la violencia" en vísperas de la juramentación del presidente Nicolás Maduro para el periodo 2025–2031. Saab recordó que este no era un hecho aislado: en julio de 2024 Machado denunció un atentado contra su caravana en Barquisimeto, el cual resultó que fue un montaje orquestado con un colaborador suyo que confesó haber sido contratado para cometer los daños.
Antes, en noviembre de 2011, un audio filtrado mostraba cómo Machado le advertía a su madre: "Vas a oír que me atentaron, pero no te preocupes, es parte del plan". Estos patrones recurrentes —denuncias sensacionalistas seguidas de desmentidos documentales— indican una táctica deliberada de utilizar la victimización como recurso político para movilizar apoyos internacionales y justificar la escalada.
Respecto a la supuesta captura, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, resumió que "lo tenían preparado desde hace tiempo. Sabían que no tenían convocatoria, por lo que dijeron: 'vamos a inventar que la metieron presa'". La marcha del 9 de enero contó con una escasa asistencia —inferior a 10 mil personas en todo el país, según Cabello—, lo que refuerza la hipótesis de que el supuesto secuestro buscaba desviar la atención del fracaso organizativo de la oposición. El propio Saab denunció que "sectores de la extrema derecha internacional se plegaron automáticamente" a la campaña, lo cual evidencia una coordinación transnacional para instrumentalizar la narrativa.
Este patrón de simulación responde a una lógica clara: crear mártires instantáneos, galvanizar el apoyo internacional y justificar llamados a sanciones o intervenciones bajo el falso pretexto de la represión política.
Obsesiva con la guerra
Más allá de las simulaciones, la trayectoria de Machado revela un patrón consistente de promoción de la intervención militar extranjera y del boicot económico contra Venezuela:
A partir de 2018 comenzó a invocar públicamente la Responsabilidad de Proteger (R2P), una doctrina criticada por su instrumentalización en intervenciones como la ocurrida en Libia (2011).En diciembre de 2018 escribió una carta al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidiendo una "intervención militar" en Venezuela.
En abril de 2019, durante el intento del llamado "gobierno interino" de Juan Guaidó, Machado exigió que la Asamblea Nacional activara el artículo 187.11 de la Constitución que —según su interpretación— permitiría autorizar el ingreso de tropas extranjeras bajo el pretexto de una "misión humanitaria".
En mayo de 2019, en entrevista con la Voz de América, declaró: "Las democracias occidentales tienen que entender que un régimen criminal solo saldrá del poder ante la amenaza creíble, inminente y severa del uso de la fuerza".En junio de 2020, en un artículo titulado "Venezuela: el desafío ineludible de Occidente", planteó la necesidad de una "operación de paz y estabilización" liderada por una coalición internacional, apoyada en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Dicha propuesta implicaba, en la práctica, la ocupación militar de Venezuela bajo una fachada humanitaria. En una carta abierta del 31 de agosto de 2020 reprendió a Guaidó por no haber aprobado dicha medida, a la que calificó como "marco jurídico para el apoyo internacional".
A comienzos de este noviembre defendió la estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Venezuela, que ha incluido el hundimiento de embarcaciones en el Caribe y la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, a lo cual dijo que "es absolutamente correcta".
Además de esta permanente postura ha mantenido vinculaciones estrechas con think tanks financiados por el gobierno estadounidense y ha promovido sanciones económicas que han impactado sobre las condiciones de vida de la población venezolana.
Por todo ello la Fiscalía venezolana abrió en noviembre de 2024 una investigación por los delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir, tras su apoyo a un proyecto de ley en Estados Unidos que buscaba endurecer las sanciones contra Venezuela.
A continuación una relación de sus solicitudes de sanciones y las motivaciones:

Durante la campaña electoral para las presidenciales de 2024, Machado limitó su acostumbrada solicitud de sanciones, lo que correspondería a alguna estrategia de mercadeo (Foto: Archivo)
Como es evidente, los motivos por los que ha pedido sanciones se han adecuado a los falsos positivos que el gobierno estadounidense y los medios globales han dispuesto en los diversos intentos de cambio de régimen. Los relatos van desde las supuestas violaciones a los derechos humanos, han pasado por la crisis humanitaria, "crimigración", fraude electoral hasta el "narcogobierno".En todos los casos ha mostrado su conocimiento de los impactos de estas medidas sobre la población, sin embargo, ha optado por culpar al gobierno venezolano tanto de las causas como de las consecuencias.
El abierto desprecio por las instituciones es una conducta recurrente de Machado. Desde al menos 2014, cuando asistió como representante de Panamá ante la OEA —acción que violó el artículo 191 de la Constitución, que prohíbe a diputados ejercer funciones diplomáticas—, Machado ha actuado al margen del marco legal.En 2015 fue inhabilitada administrativamente por la Contraloría General debido a irregularidades en la gestión de fondos de la ONG Súmate, una decisión ratificada en enero de 2024 por el TSJ.
Sin embargo, persistió en presentarse como candidata presidencial en los comicios de julio de 2024 a pesar de no cumplir con los requisitos legales. En esa fecha el órgano del Poder Moral ratificó la acción administrativa y agregó las siguientes causas:
Su discurso ha fomentado abiertamente la desobediencia civil y el desconocimiento de los resultados electorales. Tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que fue ratificado el presidente Maduro, Machado promovió la idea de una "victoria opositora" basada en actas no certificadas, lo cual incitó a la población a "cobrarla en las calles".
En lugar de recurrir a los mecanismos jurídicos establecidos, Machado y sus aliados optaron por una campaña internacional para desacreditar la decisión presentándola como "política" y desconociendo la autonomía de un órgano del Estado venezolano.
El fiscal Saab la acusó de manipulación electoral por presentar documentos fraudulentos. Además, en noviembre de 2025, Machado hizo un llamado directo a los militares venezolanos para que "rompan con la cúpula" y apoyaran a Edmundo González, lo cual desconoció tanto la cadena de mando como la autoridad civil sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Machado ha vinculado su lucha con actores que atentan contra la integridad territorial de Venezuela. En su retórica ha evitado condenar las pretensiones de Guyana sobre el Esequibo, una postura que contrasta con la defensa incondicional de la soberanía nacional por parte del Estado venezolano.
Al mismo tiempo, ha construido alianzas con grupos parapoliciales y delincuenciales, a los que el gobierno ha identificado como "comanditos" responsables de actos violentos tras las elecciones de julio, que dejaron 25 muertos y 192 heridos. Incluso, según Cabello, Machado estaría vinculada con el frustrado atentado contra la embajada de Estados Unidos en Caracas en octubre de 2025, con el objetivo de provocar una reacción militar extranjera.

Para pedir violaciones a la soberanía nacional, Machado se ha plegado a relatos que van desde las supuestas violaciones a los derechos humanos, han pasado por la crisis humanitaria, fraude electoral, “crimigración”, hasta el “narcogobierno” (Foto: Cibercuba)
La trayectoria política de María Corina Machado no puede analizarse fuera del marco de una estrategia de desestabilización prolongada. Lejos de constituir una alternativa democrática, su accionar se ha caracterizado por la interconexión de los vectores que se han descrito. Estos elementos, documentados a lo largo de más de dos décadas, son componentes de un proyecto político que prioriza la toma del poder por medio de la confrontación y la subversión, antes que a través de los cauces pacíficos, constitucionales y soberanos que, muchas veces solo en la letra, exigen las democracias occidentales.
En un país con profundas heridas sociales, su discurso no construye paz sino que instrumentaliza el dolor con el objetivo de acceder al poder y al control del país por parte de élites transnacionales. Asimismo, su desprecio ante dicho dolor se correlaciona de manera perfecta con su desprecio al orden jurídico nacional.
MISIÓN VERDAD