27 Oct
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El Documento de Trípoli 2026 firmado por el Comité de los 10 países del continente en la XIV Reunión Ministerial desarrollada en Libia reitera una demanda histórica.

No conozco fronteras nacionales cuando se trata de los negros. El mundo entero es mi territorio hasta que África sea libre.”Marcus Garvey. Político panafricanista jamaiquino.

En el escenario diplomático de la ONU, África volvió a alzar la voz con firmeza. La adopción del Documento de Trípoli 2026 por parte del Comité de los Diez (C-10) integrado por Libia, Argelia, Congo, Guinea Ecuatorial, Kenia Namibia, Senegal, Sierra Leona, Uganda y Zambia de la Unión Africana reitera una demanda histórica “la exigencia innegociable de obtener dos puestos permanentes con derecho a veto y cinco asientos no permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU)”.  

La iniciativa, impulsada por ministros y representantes del C-10, coordinado por Sierra Leona en la XIV Reunión Ministerial desarrollada en Libia, busca reparar una injusticia histórica.En la actualidad, el máximo órgano de seguridad global cuenta con 15 miembros, donde los cinco sillones permanentes pertenecen a las potencias triunfadoras de 1945 y China, mientras África debe conformarse con tres asientos rotativos sin veto, ocupados en 2026 por Somalia, Liberia y la República Democrática del Congo, apoyándose en el Consenso de Ezulwini (oeste de Pretoria) y la Declaración de Sirte (Libia) de 2005.

El continente reclama también la facultad exclusiva de seleccionar a sus candidatos para responder a sus propias prioridades. Sin embargo, detrás de la búsqueda de participación equitativa multilateral en Nueva York se esconde una contradicción que puede verse en la brecha entre el discurso diplomático y la realidad de un continente atravesado por la fragmentación militar y la proliferación de golpes de Estado.

Mientras los diplomáticos africanos intentan sumar apoyos internacionales para reformar el C.S.ONU, los altos funcionarios castrenses buscan respuestas a amenazas operativas inmediatas. En octubre, Kampala, capital de Uganda, albergó la Conferencia Inaugural de Líderes de Defensa Africanos, enfocada en operaciones militares distintas de la guerra. 

En ese encuentro, jefes de Estado Mayor de más de 18 países debatieron la unificación de doctrinas, el intercambio de inteligencia y el entrenamiento conjunto ante crisis transfronterizas, acordando crear un mecanismo institucional permanente con sede en Uganda.El presidente ugandés Yoweri Museveni dijo que la construcción de capacidades defensivas sostenibles exige bases económicas sólidas e integración regional. 

Aún así, la pretensión de construir una arquitectura de seguridad integrada choca con la dependencia estructural en materia de defensa. Las fuerzas del continente históricamente estuvieron influenciadas por la injerencia externa, desde misiones de formación de potencias occidentales, como los ejercicios de AFRICOM del Departamento de Defensa de los EEUU,  hasta la presencia de empresas privadas de seguridad internacionales, e israelíes. Esta vulnerabilidad desdibuja la autonomía que el C-10 exige en los foros internacionales.

El contexto en el que se formula el reclamo de Libia está marcado por la inestabilidad institucional que entre 2019 y 2023, dio una oleada de golpes de Estado que sacudió África Occidental y el Sahel. Sudán sufrió dos asonadas; Malí y Burkina Faso experimentaron dobles golpes; mientras que Chad, Guinea Conakry, Níger y Gabón vieron quebrantados sus ordenamientos constitucionales.

Las situaciones críticas revelaron el agotamiento del modelo neocolonial conocido como Françafrique, caracterizado por el control económico del franco, bases militares y tutelaje político de Francia. En respuesta al fracaso de las intervenciones occidentales, los gobiernos militares de Malí, Burkina Faso y Níger firmaron en septiembre de 2023 la Alianza de Estados del Sahel para la defensa colectiva.

Frente a la crisis geopolítica, las instituciones multilaterales africanas mostraron una notable parálisis. La Unión Africana y la Economic Community of West African States (ECOWAS) se mostraron con agudo escepticismo ciudadano. 

La condena discursiva no evitó que el propio presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, admitiera públicamente el fracaso del organismo para prevenir los cambios inconstitucionales de gobierno y contener las inestabilidades políticas.

Existe una abierta contradicción en la posición geopolítica africana, que exige democratizar la ONU para corregir el desequilibrio geográfico que margina a más de 1.500 millones de africanos de las decisiones globales sobre paz y estabilidad; y además, los mecanismos regionales de seguridad resultan incapaces de mediar en los conflictos internos o frenar la balcanización de las regiones.

El reclamo de dos puestos permanentes en el Consejo de Seguridad solo cobrará peso real cuando la integración continental deje de ser una declaración burocrática, cuando las fuerzas occidentales dejen de  interferir en los asuntos internos, y la demanda  pase de ser solo una proclama y lo escrito se traduzca en soberanía efectiva sobre sus recursos estratégicos e instituciones representativas. 

Caso contrario, la exigencia del veto en Nueva York correrá el riesgo de convertirse en un mero privilegio diplomático para minorías gobernantes, desconectado de los pueblos africanos que continúan buscando autodeterminación y dignidad.


Por: Alí Mustafá
@amustafa63