03 Dec
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El presidente Trump reitera la expansión de ataques militares a territorio venezolano y advierte a otros países como Colombia. Claves de la Operación Lanza del Sur y la polémica por posibles crímenes de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que los ataques en territorio venezolano comenzarán «pronto», y lejos de apaciguar su discurso belicista, el mandatario amenazó también a Colombia, cuyo mandatario, Gustavo Petro, le ha criticado por los argumentos poco creíbles con que explica la supuesta guerra contra el narcotráfico.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump señaló que "cualquier país" que produzca o trafique drogas hacia Estados Unidos está sujeto a ataques, fue en ese momento en que mencionó específicamente a Colombia y sus "fábricas enteras de cocaína".

Se trata, desde su discurso, de una intensificación sin precedentes de la Operación Lanza del Sur. Bajo su manto se han atacado a más de 20 embarcaciones y asesinado al menos a 83 de sus tripulantes, sin que se muestren evidencias de tráfico de drogas.

Contexto: La campaña marítima y la designación terrorista

Estados Unidos justifica los ataques, ya que según Trump, las embarcaciones pertenecen a organizaciones "narcoterroristas" como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles.
La escalada adquirió un nuevo marco supuestamente "legal" el 24 de noviembre, cuando el gobierno de Trump designó formalmente al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (OTE) y señaló al presidente venezolano Nicolás Maduro como su líder, sin presentar prueba alguna de tan grave acusación.
Esta designación, según expertos, no autoriza automáticamente el uso de fuerza letal en otro país, pero sí proporciona una justificación política y legal ampliada para sanciones y potenciales acciones militares.

Colombia: La campaña se expande más allá de Venezuela

La ofensiva militar está bajo un intenso escrutinio tras las revelaciones sobre el primer ataque del 2 de septiembre. Según informes de The Washington Post y CNN, tras un bombardeo inicial que no mató a todos los ocupantes, se ordenó una segunda incursión dirigida a los sobrevivientes.
Expertos en derecho internacional explican que atacar a personas que ya no pueden combatir podría constituir un crimen de guerra. El gobierno de Trump ha dado explicaciones contradictorias: primero negó la narrativa, luego afirmó que el segundo ataque fue ordenado por el almirante Frank "Mitch" Bradley y que era legal. Trump dijo que cree en la versión de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien negó haber ordenado el ataque de seguimiento.

El caso es lo suficientemente grave como para que líderes republicanos y demócratas en las comisiones relevantes del Congreso investiguen. El representante republicano Mike Turner sugirió que lo sucedido va en contra de lo informado al Congreso y afirmó: "Esto está completamente fuera de cualquier cosa que se haya discutido".

El gobierno de Nicolás Maduro rechaza categóricamente las acusaciones. Calificó la designación del Cartel de los Soles como una "ridícula patraña" y una mentira "fabricada para justificar una intervención ilegítima e ilegal".

Maduro negó cualquier vínculo personal con el narcotráfico y se ha mostrado dispuesto al diálogo, ya que las diferencias "deben resolverse por la vía diplomática".

El presidente Gustavo Petro ya había rechazado con anterioridad los señalamientos de Trump, calificándolos de "groseros e ignorantes". Su gobierno también denunció como una "injerencia" el despliegue militar estadounidense y afirmó que algunos fallecidos en los ataques a embarcaciones eran pescadores colombianos.

A pesar de la retórica bélica, Trump mencionó en días recientes sobre una posible salida diplomática. En varias ocasiones repitió que "podría hablar" con Maduro. Analistas sugieren que el objetivo último de la presión podría ser un cambio de régimen en Venezuela, aunque la administración afirma oficialmente que su meta es frenar el flujo de drogas y migrantes, aunque esta misma jornada el jefe de la Casa Blanca liberó de sus cárceles al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por llevar a EEUU más 400 toneladas de cocaína.

Esta postura enfrenta un escepticismo considerable tanto en la región como dentro de Estados Unidos. Una encuesta de CBS News/YouGov mostró que el 70 por ciento del público estadounidense se opone a acciones militares en Venezuela.


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