Una institución internacional reveló detalles secretos del acuerdo petrolero entre EE.UU. y Venezuela, basado en el saqueo del crudo venezolano por al menos 50 años.
La organización periodística estadounidense ProPublica ha desvelado datos de un controvertido acuerdo petrolero entre el Gobierno del presidente Donald Trump y Venezuela que, según el estudio, concede amplios privilegios a Estados Unidos sobre los recursos petroleros venezolanos durante décadas.
Según informa Al Jazeera, el acuerdo de asociación estratégica, de 18 páginas, fue firmado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, con la parte venezolana. Según el análisis de ProPublica, el documento favorece los intereses de Washington y no hace referencia al papel del Gobierno venezolano ni a los posibles beneficios para la población del país.
Uno de los aspectos más polémicos del pacto es la elección de Alejandro Betancourt, socio empresarial de Trump. El empresario venezolano opera a escala internacional y, según la información citada, está siendo investigado en tres países en relación con presuntos casos de blanqueo de capitales.
El acuerdo garantiza que Betancourt permanezca al frente de NABEP, la empresa vinculada al proyecto petrolero. También establece que el Gobierno estadounidense colaborará con la compañía para designar un consejo de administración de siete miembros, encargado de gestionar el proyecto durante un periodo inicial de 15 años.
Según fuentes conocedoras del acuerdo, esta estructura está diseñada para dificultar que futuros dirigentes de Estados Unidos o Venezuela puedan disolver o cancelar el proyecto.
El pacto garantiza privilegios petroleros a Washington
El análisis de ProPublica señala que las cláusulas del acuerdo contradicen varias declaraciones públicas de Trump.
Aunque el mandatario afirmó que el pacto garantizaría el control estadounidense sobre los recursos energéticos venezolanos durante el próximo siglo, el documento establece que los derechos concedidos a Washington expirarían antes de que transcurra la mitad de ese periodo.
El texto tampoco incluye un compromiso explícito de la empresa de Betancourt de pagar a Venezuela unos 200 000 millones de dólares en ingresos e impuestos, pese a que Trump había afirmado que el acuerdo reportaría esa cantidad al país.
Además, uno de los tres documentos complementarios examinados por ProPublica concede a Estados Unidos el derecho a comprar el 20 % del petróleo de NABEP a un precio preferencial de 30 dólares por barril, una cifra inferior a un tercio del precio de venta del crudo registrado en los últimos meses, según la investigación.
El secretismo del acuerdo mantiene ocultas las concesiones a EEUUUno de los motivos por los que los detalles del pacto no se han hecho públicos es que el documento está clasificado como información gubernamental “sensible”.
Esta categoría se utiliza para proteger distintos documentos federales, incluidos datos personales e información relacionada con operaciones policiales en curso.
El acuerdo también contiene una cláusula de confidencialidad que prohíbe a la empresa de Betancourt revelar la existencia y las condiciones del pacto con el Gobierno estadounidense.
La posible reacción negativa de la opinión pública venezolana sería otro factor que explicaría el secretismo. Críticos venezolanos ya han denunciado el documento como una apropiación de los valiosos recursos naturales del país por parte de Estados Unidos.
Según el análisis de ProPublica, las disposiciones del acuerdo favorecen a Washington prácticamente todas sus etapas y buscan consolidar la presencia estadounidense en el sector petrolero venezolano a largo plazo.
Además del derecho a adquirir el 20 % del petróleo de NABEP con un descuento, Estados Unidos tendría prioridad para comprar toda la producción restante de la compañía durante los próximos 50 años.
El acuerdo incluye también un derecho irrevocable para adquirir la totalidad de los recursos petroleros de la empresa si Washington declara una emergencia nacional.
Asimismo, una cláusula obliga a la compañía de Betancourt a informar de cualquier otro acuerdo comercial que suscriba. Si esas operaciones resultan rentables, deberá ofrecer a Estados Unidos condiciones similares, lo que refuerza la posición privilegiada de Washington frente a otros posibles socios comerciales.
El acuerdo establece que Venezuela no podrá impugnar sus términos ante sus propios tribunales en caso de disputa.
Cualquier controversia entre la empresa y Estados Unidos deberá resolverse conforme a la legislación estadounidense, en lugar de la venezolana.Las partes estipularon expresamente que toda demanda civil deberá presentarse ante el Tribunal Federal de Distrito para el
Distrito Norte de Texas. Según el texto analizado, este órgano judicial fue utilizado en repetidas ocasiones por el Departamento de Justicia durante la presidencia de Trump para obtener resoluciones favorables a sus intereses.
En conjunto, las cláusulas examinadas por ProPublica dibujan un acuerdo que otorga amplias garantías a Estados Unidos, restringe las posibilidades de impugnación judicial desde Venezuela y consolida los privilegios de Washington sobre la producción petrolera de NABEP durante décadas.
En agosto de 2026, Estados Unidos anunció un acuerdo petrolero con Venezuela que, según el presidente estadounidense, otorgaría a Washington el control mayoritario de más de 65 000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, mediante una asociación con el sector privado y en coordinación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante la invasión militar estadounidense del 3 de enero de 2026.
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