Perú ante las urnas: El miedo de la élite y el declive de Keiko
A solo dos días de los comicios presidenciales, la derecha peruana exhibe su desesperación ante el avance popular de Roberto Sánchez Palomino.
A escasas horas de la trascendental jornada del 7 de junio, más de 27 millones de ciudadanos definirán en las urnas quién liderará los destinos del Perú para el período 2026-2031, en una decisiva segunda vuelta electoral marcada por la fragmentación extrema heredada de la primera etapa del proceso.
Para la primera vuelta, celebrada pasado el 12 de abril de 2026, se inscribieron y compitieron 35 candidatos y ninguno de los dos finalistas logró superar el 18 por ciento de los sufragios por sí solo, sumando entre ambos apenas un 29 por ciento.
El escenario actual se presenta con un margen estrecho: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, encabeza la intención de voto con un 36.64 por ciento, respaldada principalmente en Lima y la costa; mientras que Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú (JP), le pisa los talones con un 33.74 por ciento y una sólida base de apoyo en el interior y el sur del país.
La ocasión se adelante en medio de un recio contexto de polarización y el 17.57 de votos blancos o nulos y el 13.31 por ciento de indecisos se perfilan como los factores verdaderamente determinantes para el resultado final.
Frente a la posibilidad real de sufrir una nueva derrota ante el empuje popular, el miedo y la desesperación cunden de forma rotunda entre diversos segmentos representativos de la clase dominante, quienes reviven los fantasmas de procesos anteriores.
La élite oligárquica recuerda con espanto cómo tuvieron que maniobrar para neutralizar a Ollanta Humala en 2011 explotando sus debilidades, o la ira que les provocó la victoria de Pedro Castillo en 2021.
Desde el primer día de aquel mandato, las fuerzas de la reacción conspiraron sin tregua para recuperar sus posiciones perdidas, logrando edificar una mayoría parlamentaria, tomar el control del Ministerio Público con una Fiscal de la Nación a la medida de sus intereses, y someter a su disposición al Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la cúpula militar y el Poder Judicial.
Tras sacar por la fuerza a Castillo —a quien mantienen en prisión por el temor que le profesan a su figura indomable—, desataron una feroz cacería judicial para inhabilitar o detener a figuras de diversos signos políticos como el propio Humala, Martín Vizcarra o Guillermo Bermejo, persiguiendo además con saña a los fiscales que no se alinearon a sus dictados.
Sin embargo, el instinto popular rompió el cerco de la impunidad con el surgimiento inesperado de Roberto Sánchez Palomino, quien desde un virtual anonimato se consolidó como el contrincante capaz de arrebatarles el triunfo definitivo.
Por ello, la maquinaria derechista ha desatado una ofensiva feroz en su contra, recurriendo a ataques personales absurdos basados en su origen geográfico o su formación en la Universidad de San Marcos, e incluso utilizando la gestión municipal de Lima para prohibirle de forma arbitraria el uso del Paseo de la República e impedirle su mitin de cierre de campaña.
Modelos contrapuestos y el fantasma de la ingobernabilidad
Los programas de gobierno en disputa exponen dos visiones de país diametralmente opuestas. Keiko Fujimori apuesta por el inmovilismo del modelo neoliberal vigente, centrando su agenda económica en el respaldo a la inversión privada extractivista y la minería formal.
Entre sus medidas específicas promueve un "shock desregulatorio" destinado a reducir en un 40 por ciento el tiempo de los trámites estatales, la implementación de Zonas Económicas Especiales y el uso de inteligencia artificial para el comercio exterior, complementado en materia de seguridad con una política de "mano dura", control estricto de fronteras y la deportación de extranjeros con antecedentes criminales.
Por su parte, la propuesta de Juntos por el Perú plantea una transformación estructural orientada a superar el modelo extractivista a través de la industrialización y el fortalecimiento de la agricultura familiar, bajo el amparo de una "nueva arquitectura constitucional" mediante una Asamblea Constituyente.
Con el fin de asegurar consensos institucionales en un escenario complejo, el programa de Sánchez Palomino ha incluido el compromiso formal de preservar la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), combinándolo con demandas sociales históricas como el aumento progresivo del salario mínimo y reformas laborales dignas para el sector cultural.
En cuanto a seguridad, la izquierda se distancia de la demagogia represiva de su rival al proponer una reestructuración interna de la Policía Nacional y un sistema de seguridad basado en la participación comunitaria.
Independientemente de quién asuma la presidencia el próximo 28 de julio, la gobernabilidad constituirá el desafío principal debido a la composición de un nuevo Congreso bicameral fuertemente fragmentado.
Fuerza Popular se perfila como la primera minoría con 40 diputados y 22 senadores, lo que otorgaría a Fujimori un blindaje legislativo importante y la capacidad de bloquear iniciativas del Ejecutivo.
Bajo las nuevas reglas de este sistema parlamentario, las mociones de vacancia presidencial requerirán del voto favorable de dos tercios de ambas cámaras; esto obligará a un eventual gobierno de Sánchez —cuya representación proyecta una minoría de 31 diputados y 14 senadores— a un ejercicio de negociación constante para eludir el riesgo de una destitución.
En esta encrucijada, el pueblo peruano se dispone a votar este domingo en un escenario donde la propuesta de Juntos por el Perú emerge como la alternativa para frenar el retorno del fujimorismo y rescatar la dignidad de la república.
AlMayadeen