Representantes de una comunidad indígena de la provincia de Imbabura y del gobierno ecuatoriano comenzaron hoy un diálogo, tras 24 días de protestas impulsadas por organizaciones sociales contra decisiones económicas del presidente Daniel Noboa.
La reunión incluye a miembros de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador con la alcaldesa de Otavalo, Anabell Hermosa, y otros funcionarios, así como miembros de la iglesia católica, según reportes de medios locales.Sin embargo, el encuentro se desarrolla sin la participación de representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una muestra de las tensiones internas dentro del movimiento.
La Conaie, que convocó a las protestas a raíz de la decisión gubernamental de eliminar el subsidio al diésel, ratificó que se mantienen las movilizaciones.
La organización negó que la estructura nacional resolviera ir a un diálogo tras un Consejo Ampliado realizado la víspera en Quito.
El pasado lunes la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, mencionó que no existen diálogos con la dirigencia indígena, pero sí con las bases.
Ecuador se encuentra este miércoles en el día 24 de protestas indígenas que se han concentrado en la sierra norte y han dejado hasta ahora tres muertos, cientos de heridos y detenidos en medio de denuncias de violaciones de los derechos humanos.
La viceprefecta de ese municipio, Paolina Vercoutère, envió una carta al relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para denunciar el uso desmedido de la fuerza pública y una escalada de represión estatal en el contexto del paro nacional.
En el documento, Vercoutère advirtió sobre la militarización de territorios ancestrales y solicitó una misión internacional urgente de observación y monitoreo para garantizar la protección de la vida, la integridad y los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
Las protestas, convocadas por la Conaie, tienen a Imbabura como epicentro y, aunque se han reportado bloqueos en carreteras de varias provincias, las actividades se desarrollan con normalidad en gran parte del país.
Además de rechazar la eliminación del subsidio al diésel, el movimiento indigena exige la reducción en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 12 por ciento, así como atención a la salud, la educación y la seguridad, entre otras demandas.
El Gobierno, por su parte, se mantiene firme en su decisión sobre el diésel y ha negado a negociar sobre ese punto y tampoco sobre el IVA, mientras cataloga a los manifestantes como vándalos o terroristas vinculados al crimen organizado.
Prensa Latina