“Es el momento de conocer la verdad plena”: Iván Cepeda Castro, Senador colombiano

El senador del Pacto Histórico de Colombia y defensor de los derechos humanos, principal víctima en el proceso judicial que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, habló con VOZ sobre el caso, la importancia de seguir investigando el paramilitarismo, las recientes estrategias para afectar la credibilidad de la sentencia, entre otros temas

Óscar Sotelo 

La fotografía de Iván Cepeda Castro le dio la vuelta al mundo. Desde las gradas del Salón Elíptico, el defensor de los derechos humanos levanta con serenidad y dignidad el cuadro de su padre Manuel Cepeda Vargas.
Este hecho fue el 28 de julio de 2004, mitad del primer cuatrienio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

 Ese día tres comandantes paramilitares hablaron ante el Congreso y, en medio de los aplausos de los parlamentarios, consumaron uno de los hechos más polémicos en la historia del país.
Y aunque la batalla por justicia y verdad había empezado años atrás, tal y como lo relata el libro Camino minado (2011) de la periodista Maureen Maya, en esa tarde de julio el país conoció públicamente la causa de Iván Cepeda Castro: la defensa de los derechos de las víctimas del paramilitarismo y los crímenes de Estado.
Lo sorprendente y paradójico es que exactamente 21 años después, el 28 de julio de 2025, y luego de un turbulento proceso, la justicia colombiana condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez como determinador de los delitos de soborno y fraude procesal, siendo este el cierre en primera instancia del mediático caso.

Historia del caso
Iván Cepeda Castro fue elegido como representante a la Cámara en 2010. Desde ese fuero parlamentario comenzó un trabajo de control político sobre la crisis carcelaria del país. Allí conoció los testimonios de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra, alias “Alberto Guerrero”, y de Juan Guillermo Monsalve, alías “Guacharaco”.

Las dos declaraciones afirmaban que en la segunda mitad de los años noventa, la Hacienda Guacharacas fue el epicentro del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez habían participado en la emergencia del paramilitarismo en el nordeste antioqueño.

En 2014, Cepeda Castro publicó a profundidad estos relatos en el libro Por las sendas de El Ubérrimo y, el 17 de septiembre de ese año, lideró en el Senado el famoso debate sobre paramilitarismo. Este acontecimiento se caracterizó por la desproporcionada reacción del expresidente Uribe Vélez, quien se retiró del recinto y denunció al senador denunciante ante la Corte Suprema de Justicia.

Cuatro años después, en 2018 ocurrió el efecto boomerang con el auto inhibitorio 38.451 de la Corte. En ese documento, el alto tribunal no solo exoneró a Cepeda Castro, sino que compulsó copias en contra del expresidente Uribe Vélez, pues existía material probatorio que lo comprometía en la búsqueda de testigos falsos.

Este hecho fue el comienzo del largo proceso judicial que terminó en la justicia ordinaria y que recientemente ha emitido un fallo condenatorio.

La verdad plena
“Este caso siempre se ha tratado sobre las víctimas de la violencia y los genocidios que se han practicado en Colombia”, dice Cepeda Castro. En este diálogo con VOZ, el senador y defensor de los derechos humanos también habla sobre hechos puntuales del expediente, la importancia de seguir investigando la historia del paramilitarismo, las recientes estrategias para afectar la credibilidad de la sentencia, entre otros temas.

Si bien el caso Uribe tiene su origen en las declaraciones de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve sobre el Bloque Metro, hoy no se sabe mucho en qué va el expediente de la Hacienda Guacharacas. ¿Cómo va esa investigación?

En la fotografía se encuentra Juan Guillermo Monsalve en su época de paramilitar por la Hacienda Guacharacas. Foto JM.

Es importante establecer el origen de todo. Fácticamente uno lo puede ubicar en esas declaraciones puntuales de estos dos exparamilitares. Pero nos tenemos que regresar a los albores del siglo XXI.

El programa de gobierno de Álvaro Uribe tenía la pretensión de adaptar el modelo neoliberal desde una perspectiva mafiosa y narcoparamilitar. 

Era una mezcla de ese modelo con una tradición descompuesta de las élites políticas regionales por efectos de su articulación con el narcotráfico.

Dentro de esa historia está lo ocurrido en Antioquia. Como lo afirmé en la noche del 28 de julio, nosotros no nos vamos a contentar ni a detener con esta decisión judicial. 

Es un momento para que aflore la verdad plena y esta tiene que ver con hechos que dejaron muchas víctimas, especialmente por la política que aplicó Uribe desde la gobernación de Antioquia en la mitad de los años noventa y como dos veces presidente de la República. Toda esa verdad aparecerá.

Usted dedicó la decisión judicial a las víctimas…
Nuestro trabajo siempre ha sido por ellas. Fue nuestra resistencia colectiva la que impidió que ese modelo y ese programa de extrema derecha se pudiera entronizar en Colombia. Esta decisión judicial es un impulso jurídico, pero fundamentalmente político, para encontrar la verdad que buscan las madres de los “falsos positivos” y de La Escombrera, los campesinos que les arrebataron las tierras, entre otras víctimas. Todos esos sectores pueden ahora, con mayor razón y herramientas, impulsar esas causas, ya sea en la justicia transicional o en la ordinaria.

Un juicio justo

En el juicio, el expresidente ejerció con plenas garantías su derecho a la defensa material.

En julio de este año concluyó el juicio en contra de Uribe Vélez. En su opinión, ¿si fue un proceso garantista y respetuoso del debido proceso?

Es importante dejar claro que este juicio es el resultado de un proceso muy largo, antecedido por siete decisiones judiciales, donde hay dos documentos trascendentales emitidos por la Corte Suprema de Justicia. Se trata del auto inhibitorio de 2018 a mi favor y la resolución de la situación jurídica de Uribe en 2020. Estas decisiones construyeron una especie de corpus jurídico que fue determinante.

Concentrándonos en el juicio, cualquier alegato de falta de garantías es contraevidente. Uribe y su defensa tuvieron a su disposición todos los recursos y garantías posibles. 

Hasta los propios defensores tuvieron que reconocerlo. El expresidente tuvo muchas oportunidades para hablar y contrapreguntar, ya sea como testigo de su defensa técnica, en su ejercicio de la defensa material o en sus alegatos finales. Hubo un respeto irrestricto al debido proceso.

Hablemos de la sentencia. ¿Cuál es su análisis de fondo sobre el fallo judicial?

Yo recomendaría la ferviente lectura de la sentencia condenatoria. Sé que las mil páginas pueden resultar difíciles, pero vale la pena porque es un trabajo de relojería sobre cada uno de los elementos probatorios del juicio.

La sentencia parte de los elementos básicos sobre la identidad de las personas, el orden cronológico en el que van ocurriendo los hechos y construye una valoración jurídica en conjunto, es decir, un análisis minucioso de cada evento y lo pone en su justa complejidad.

La conclusión es que la Fiscalía y las víctimas pudimos probar la verdad sobre el tenebroso aparato dirigido por Álvaro Uribe Vélez, compuesto por numerosos falsos testigos y que tenía el propósito explícito de engañar a la justicia.

Después de este largo proceso judicial, ¿Cómo se sienten al interior de la bancada de víctimas?

Para nosotros es materia de orgullo y satisfacción que se restaure nuestra dignidad. En mi caso, son trece años de intensa lucha, pero también para la médica Deyanira Gómez que lleva siete años de exilio, o para los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, quienes también han tenido que enfrentar distintas campañas de calumnia y persecución.
Pero, fundamentalmente, es un triunfo para las víctimas y para la sociedad colombiana.

 Logramos confrontar esa idea de que existían personas intocables. Antes hablar en contra de Álvaro Uribe era considerado un delito o un sacrilegio, porque algunos de sus seguidores le otorgan la identidad de un dios o semidios. Y no, es un ciudadano común y corriente, que tiene a su servicio un formidable aparato jurídico, comunicacional, político y, diría también, militar. El juicio y la sentencia han dejado al desnudo ese aparato.

El director de la orquesta
La sentencia dice que Uribe Vélez fue el determinador de dos delitos y lo condena a doce años de prisión domiciliaria por esos hechos. ¿Qué significado tiene para ustedes esa caracterización como el determinador de fraude procesal y soborno a testigos?

Uribe era el director de la orquesta, la persona que tenía en sus manos todo el aparato, daba las órdenes y verificaba que estas se cumplieran. Además, era el último beneficiario de toda esta máquina peligrosa para recoger evidencias y testigos falsos.
El argumento de la defensa es que no hay ninguna prueba, que no aparece ninguna grabación en la que Uribe le diga al señor Cadena, “oiga vaya soborne, vaya falsifique esta carta”. 

Pero es de sentido común que ningún aparato criminal funciona así. La prueba reina es el señor Cadena, una persona que siempre actuó ─y sigue actuando─ de manera ilegal. La discusión es si el abogado actuaba con consentimiento, conocimiento, instrucción y orden del señor Uribe.

Es decir, ¿ustedes también proyectan sentencia condenatoria en contra de Cadena en su juicio?

Por supuesto. Es que al final la defensa de Uribe no se molestó en negar el carácter ilegal del actuar de Cadena. El problema es ¿Uribe sabía o no?, ¿le informaban o no?, ¿tenía toda la información o eran solo datos fragmentarios? Si fácticamente se reconoció que Cadena estaba sobornando, realizando falsificaciones y manipulando testigos no en uno, sino en varios hechos como los de La Picota, Cómbita, Miami, ¿por qué Uribe no lo denunció ante la justicia?, ¿por qué no prescindió de sus servicios?, ¿por qué no renunció a su relación?.

Hay un abundante acervo probatorio que evidencia esa relación de jefatura, de subordinación, de mando-obediencia. En todos los momentos, Cadena consulta, pide beneplácito e informa lo que está aconteciendo. Incluso, otros colaboradores de Uribe, cuestionan la legalidad de las acciones del abogado, pero Uribe impasible sigue el curso de su acción.

Impedir que se conozca la verdad

Jóvenes celebran la sentencia condenatoria en contra de Uribe Vélez. Foto JUCO Bogotá

¿Cómo analizan ustedes los recientes y confusos acontecimientos ligados al caso donde aparentemente los están involucrando con narcotráfico, lavado de activos, entre otros delitos?

Hay algo raro y clandestino. La denuncia que hemos hecho es que todos los días están llegando amenazas. Ahora, son varios los eventos que nos llaman poderosamente la atención.

 Por un lado, tenemos al señor Cadena hablando con gente de la DEA, del FBI y con un testigo para generar un entrampamiento no solo en contra mía, sino también del doctor Miguel Ángel Del Río.
Por otra parte, en ese mismo contexto, el señor Tomás Uribe viaja a Miami para hablar con el FBI y con el congresista republicano Díaz-Balart para que se me judicialice en Estados Unidos. Y, finalmente, aparece este episodio de la suplantación del abogado con una denuncia falsa sobre narcotráfico y lavado de activos.

La hipótesis que tenemos es que todo hace parte de un mismo plan que busca impedir que sigamos en este camino por la verdad. Pero también es una venganza. Al respecto, vamos a tomar acciones. Una vez más vamos a poner en evidencia que no han aprendido la lección.

¿Ese tipo de situaciones afectan su moral?

Para nada. Nosotros venimos de la misma tradición de resistencia. A veces genera temor, sobre todo en el entorno familiar, en los amigos, en los colaboradores de trabajo. Es un asunto de la mayor preocupación, pero es habitual. Estamos acostumbrados. Si creen que con eso vamos a tener algún tipo de temor o de disuasión en lo que hacemos, debieran entender que eso es imposible. Nuestro objetivo es perseverar y buscar que haya más verdad y justicia en el país.

El futuro
¿Cómo ha sentido el apoyo de la gente?

Así como tenemos detractores, también hay mucha gente que reconoce nuestro trabajo. Sobre todo me complace que las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, las víctimas, los jóvenes, estén siguiendo y aprendiendo sobre este caso. Hay un cambio político y ese apoyo deja en evidencia que tenemos elementos para continuar con esa gran transformación que estamos construyendo.

Finalmente, y cambiando radicalmente de tema. ¿Cuál es su valoración sobre el proceso de unidad al interior del Pacto Histórico y el futuro de ese proyecto político?

En un tiempo acelerado, el Pacto Histórico ha logrado construirse como movimiento político unitario, siendo hoy la primera fuerza del país. Todavía tenemos camino por recorrer y trabajo por hacer para llegar fuertes al año 2026. Es necesario avanzar en las consultas y actualizar nuestro programa. Para salir adelante, es preciso hacer un balance serio sobre lo que ha sido este ejercicio de Gobierno, sus aciertos, desaciertos, equivocaciones y logros. Por el momento, debemos seguir cumpliendo con el mandato popular.

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