El Pentágono reubica plataformas militares desde África para intensificar presión sobre redes delictivas bajo críticas por injerencia.
El Gobierno de Estados Unidos reubicó aeronaves no tripuladas MQ-9 Reaper desde sus bases en África hacia los territorios de Colombia y Ecuador. Este movimiento responde a una reorientación estratégica militar del Pentágono orientada a intervenir directamente en América Latina mediante tareas de inteligencia avanzada y ataques de precisión contra las estructuras de los cárteles del narcotráfico.
Las unidades MQ-9 Reaper cuentan con capacidades operativas para interceptar comunicaciones electrónicas, detectar huellas térmicas y ejecutar ofensivas dirigidas contra objetivos estratégicos.
Las operaciones en la región se encuentran bajo la supervisión directa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El mando militar señaló que la estrategia contempla extender las incursiones aéreas hacia ataques terrestres con el propósito de ejercer una presión sistémica total sobre las redes logísticas del crimen organizado.
En el caso ecuatoriano, dos de estas unidades aéreas de combate ya operan de forma efectiva en su espacio aéreo tras ser desplegadas desde la ciudad de Guayaquil.
Proyección militar y violaciones al derecho internacionalLa intensificación del uso de tecnología bélica de alta letalidad en suelo sudamericano generó un rechazo inmediato por parte de juristas, legisladores y defensores del derecho internacional. Expertos en resolución de conflictos sostienen que el uso de fuerza letal con drones contra presuntos narcotraficantes equivale a la ejecución de homicidios extrajudiciales.
La doctrina jurídica internacional remarca que los objetivos atacados no representan una amenaza militar directa o inminente de violencia armada contra la seguridad nacional estadounidense que justifique el uso del poderío aéreo militar en estados soberanos.
Asimismo, evaluaciones de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas contradicen la eficacia declarada de estas campañas bélicas de interdicción.
Informes del organismo técnico demuestran que, pese al incremento de los ataques aéreos y el despliegue militar, la disponibilidad de estupefacientes en el mercado interno norteamericano se mantiene elevada y a costos comparativamente bajos, evidenciando el fracaso del enfoque militarista para alterar el flujo de sustancias o desmantelar de fondo las estructuras económicas del narcotráfico internacional.
En paralelo, a principio del mes de agosto, el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) anunció la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), una alianza compuesta por 18 naciones de América Latina y el Caribe.
Esta estructura militar se articula bajo la estrategia denominada «Escudo de las Américas», concebida para coordinar operaciones de seguridad, vigilancia e inteligencia, así como para intervenir de forma rápida ante contingencias regionales.
En este contexto, Gobiernos como los de Ecuador, Argentina, Guatemala y Panamá alinearon sus esquemas de seguridad y modelos penitenciarios con políticas de mano dura similares a las aplicadas en El Salvador.
La conducción de la fuerza conjunta estará bajo la jefatura del general de división de los Marines, Kevin Jarrard, operando desde la sede del Comando Sur en Florida.
Según el jefe del Southcom, general Francis L. Donovan, el mecanismo busca unificar las capacidades operativas de los países miembros para presionar a las organizaciones delictivas.
La alianza, integrada por naciones como Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú, contempla el intercambio de inteligencia, entrenamientos combinados e interdicción marítima.
Esta iniciativa responde al plan impulsado desde marzo por la administración de Donald Trump, bautizado irónicamente por el propio mandatario como «Doctrina Donroe», una adaptación a su medida de la histórica estrategia de injerencia regional de James Monroe para ajustar el control hemisférico a sus propios intereses políticos y militares.
Sin embargo, el despliegue militar se encuentra rodeado de severos cuestionamientos. Desde septiembre de 2025, la campaña de bombardeos del Pentágono contra embarcaciones calificadas como narcoterroristas dejó un saldo de 220 ejecuciones extrajudiciales sin que se hayan presentado pruebas comprobables.
Fuente: TelesurTV