Más de un mes después del fallo de la Corte Constitucional de Ecuador que declaró la desaparición forzada de cuatro niños en el caso Malvinas, varias de las medidas de reparación ordenadas al Estado siguen hoy sin cumplirse.
La sentencia, emitida el pasado 13 de marzo, determinó que Josué, Ismael, Steven y Nehemías, cuatro menores afrodescendientes de entre 11 y 15 años, fueron víctimas de desaparición forzada tras ser detenidos por militares en diciembre de 2024 en el sur de la ciudad de Guayaquil.
El fallo dispuso una serie de medidas dirigidas a instituciones públicas, con plazos específicos para su ejecución, orientadas a garantizar reparación integral, memoria y no repetición de lo ocurrido a los chicos, que residían en el barrio guayaquileño de Las Malvinas.
Reportes de la prensa local indican que entre las acciones ya cumplidas están la dispuesta al Ministerio de Salud, que inició el contacto con los familiares para brindar atención médica y psicológica, mientras la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura publicaron la sentencia en sus portales institucionales dentro del plazo establecido.
Asimismo, la Asamblea Nacional declaró el 8 de diciembre día conmemorativo en memoria de los menores y abrió el proceso de reforma a la Ley de Personas Desaparecidas, aunque lo hizo sin debate en una sesión breve.
Sin embargo, otras disposiciones aún no se concretan, entre ellas la del Ministerio de Defensa, que debía difundir el fallo de la Corte Constitucional entre el personal militar en el plazo de un mes.
La entidad castrense refirió que ese periodo comenzó a contar desde el 16 de abril, tras la notificación de la resolución, de acuerdo con el informe del canal Ecuavisa.
En tanto, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana dispone de dos meses para ofrecer disculpas públicas en un acto transmitido a nivel nacional, en el que deberá reconocer la responsabilidad estatal por la falta de protección a los menores, un evento que aún no ha sido anunciado.
La Corte Constitucional concluyó que los chicos fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por efectivos militares, y que el Estado no proporcionó información oportuna sobre su paradero.
El tribunal calificó el caso como “una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos” y recordó que los derechos a la vida e integridad personal no pueden suspenderse, incluso en contextos de inseguridad.
Además de las disculpas públicas, la sentencia ordenó la incorporación del caso en espacios de memoria, la recuperación de áreas públicas para niños en Guayaquil y otras acciones simbólicas orientadas a preservar la verdad histórica.
La decisión de la Corte Constitucional no sustituye las investigaciones penales en curso, mediante las cuales 11 militares ya fueron condenados a 34 años de prisión por su participación en los hechos.
Prensa Latina