Denuncias de represión marcan otra jornada de protestas en Ecuador
Las protestas en Ecuador contra medidas del Gobierno de Daniel Noboa estuvieron marcadas hoy por las denuncias de represión a manifestantes en esta capital, que se movilizaron en varios puntos de la ciudad.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización que hace 21 días impulsa el descontento, denunció que el Gobierno impidió la concentración de esta mañana en el sur de Quito y no dejó avanzar una marcha pacífica.“Este accionar refleja una política guerrerista que niega el diálogo y criminaliza la protesta. La represión no trae paz, solo profundiza la indignación y fortalece la resistencia del pueblo”, afirmó el dirigente en su cuenta de la red social X.
Policías y militares lanzaron bombas lacrimógenas y balas de goma para impedir la movilización que partiría desde la Villaflora, en el sur de la capital, hasta el centro.
No obstante, cientos de personas lograron concentrarse en los alrededores del parque El Ejido, donde nuevamente la fuerza pública utilizó artefactos explosivos para disuadir la concentración.
Lo mismo ocurrió con otra marcha protagonizada por el movimiento indígena en la urbe capitalina.
El ministro del Interior, John Reimberg, tras hacer un sobrevuelo por Quito declaró a la prensa que hubo manifestantes que lanzaron voladores hacia los helicópteros “y la Policía Nacional tuvo que actuar”.
“La capital debe tener paz”, afirmó el funcionario en rechazo a quienes exponen sus demandas y ofreció disculpas por los bloqueos en los accesos a Quito, que se mantendrán hasta el fin de la jornada para evitar la llegada a la ciudad de camionetas con nuevos participantes.
Luego de que la lluvia y las autoridades dispersaran a quienes salieron a las calles este domingo, decenas de manifestantes se refugiaron en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entidad que rechazó el uso de bombas lacrimógenas en sus espacios.
La institución alertó que esta acción puso en riesgo los bienes patrimoniales bajo su custodia y la seguridad de las personas que se encontraban en el edificio.
Por su parte, Pablo de la Vega, coordinador Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ”, expresó a Prensa Latina su “profunda preocupación por la indetenible militarización y securitización de la agenda política en el país”.En su opinión, eso “está privilegiando la criminalización del activismo social así como del espacio público y el uso normalizado de unidades y equipos militares para reprimir las protestas sociales legítimas”.
Las Fuerzas Armadas confirmaron el uso del armamento no letal VKS para disuadir los motines con un alto nivel de violencia.“Los proyectiles son de impacto cinético, no letales, de pintura o gas», señaló la entidad castrense.
Las movilizaciones tuvieron lugar mientras la provincia de Pichincha, donde se encuentra Quito, rige un estado de excepción, decretado por Noboa, que permite a las fuerzas del orden desarticular la aglomeración de personas en espacios públicos, aunque no prohíbe manifestaciones pacíficas.
Tras 21 días de movilizaciones contra medidas, como el fin del subsidio al diésel, se registra una persona muerta en la provincia de Imbabura, 127 heridos y más de un centenar de detenidos, según datos de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
Prensa Latina