Denuncian acuerdo minero entre EE.UU. y la República del Congo
Líderes y organizaciones rechazan un nuevo acuerdo de explotación minera entre ambos países que podría poner en riesgo la soberanía congoleña.
El 28 de enero se reunieron el subsecretario de Estado Christopher Landau y el presidente de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf en la Comisión de la Unión Africana (UA) para discutir un nuevo acuerdo comercial. Estados Unidos y la República Democrática del Congo mantienen relaciones comerciales desde hace décadas.
El año pasado la RDC ya había ofrecido a EE. UU. acceso exclusivo a recursos minerales, incluidos metales de tierras raras, y proyectos de infraestructura a cambio de apoyo en la lucha contra los grupos terroristas financiados como el M23.
Sin embargo, según el Colectivo de Abogados y Defensores de los Derechos Humanos de la RDC, el nuevo acuerdo de minería puede interpretarse como una restricción de la soberanía sobre los recursos naturales, siendo una violación de la constitución del país ya que no fue un acuerdo aprobado o consultado por el parlamento congoleño, lo cual lo convertiría en un negocio ilegal.
La RDC posee más del 60% de las reservas mundiales de cobalto, vastos yacimientos de coltán, oro y litio, produce entre el 6 y el 8% del estaño en el mundo - lo que le convierte en el sexto productor mundial - y cuenta con el 15-20% de la producción global de tantalio, la cual se ha visto incrementada por el cierre de las minas de tantalio australianas, que eran las mayores productoras mundiales[1].
Esto explicaría el llamativo interés por parte de EE. UU. y de potencias como Emiratos Árabes Unidos, la cual es un enclave estadounidense que se encuentra en la lista de los responsables del financiamiento de grupos armados de desestabilización en zonas estratégicas.
El acuerdo[2] establece el acceso estadounidense a las minas congoleñas a cambio de supuestas ‘’inversiones, oportunidades laborales, seguridad y transformación digital’’. Pero hay varios puntos que generan contradicción.
Para empezar, las inversiones de infraestructura que sugiere el acuerdo tienen como objetivo facilitar el comercio: no se menciona salud, obra pública o escuelas. Podría decirse, en otras palabras, que las inversiones serían para los mismos empresarios mineros foráneos.
Al mismo tiempo, depender del financiamiento externo para el desarrollo local ubica a los países necesitados en una posición desfavorable, ya que los coloca a merced de la voluntad ajena (como ha ocurrido con la suspensión de programas de salud estadounidenses en Sudáfrica, afectando a millones de personas incluyendo pacientes con VIH[3]).
Con respecto a las aparentes oportunidades de trabajo, es sabido que un mayor crecimiento económico no es sinónimo de mayor calidad de vida o de mejores salarios: sin redistribución del PBI la población no nota la diferencia.
Además, son frecuentes los derrumbes y accidentes que se llevan la vida de miles de trabajadores (incluyendo niños) en las minas congoleñas.[4]
En materia de seguridad el acuerdo se olvida de un pequeño detalle: que los grupos armados terroristas que desestabilizan el territorio son financiados, en parte, por los mismos estadounidenses.
Es decir, se financia el terror para luego ofrecer la solución, una estrategia ampliamente conocida en el país del norte. Por último, la supuesta transformación digital sería alimentada por los mismos recursos de minería extraídos en la RDC, ya que dichos minerales procesados se utilizan para la elaboración de teléfonos celulares, computadoras, baterías y tecnología en general.
Por Pilar Cortés para Data Urgente
[1] https://www.tecnologialibredeconflicto.org/
[2] https://www.state.gov/releases/2026/01/joint-statement-of-the-united-states-and-african-union-on-the-launch-of-a-strategic-investment-working-group/
[3] https://www.dw.com/